Sebastián Toledo
Las agencias de cooperación internacional han desempeñado un papel importante en la ejecución de programas dirigidos a la población con discapacidad en Guatemala.
Desde la década de los 70, la Christian Blind Mission de Alemania inició operaciones en el país con el financiamiento de servicios para personas ciegas y sordas.
Estableció alianza con el Comité Pro Ciegos y Sordos y luego, con la Fundación para Niños Sordociegos Alex y la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad de Santiago Atitlán, Sololá (Adisa). Una cooperación que se ha extendido a otras regiones del país a través de Adisa, así como la realización de la segunda encuesta nacional de discapacidad en apoyo al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad.
Presentaron una propuesta encaminada a fortalecer el empoderamiento y sustento económico de personas con discapacidad.
Es un organismo que busca mejorar la calidad de vida de la población en vulnerabilidad con servicios de educación, prevención de la ceguera y sordoceguera, empoderamiento y sustento económico de las personas con discapacidad, entre otras acciones.
En 2021 lanzó una convocatoria para la presentación de proyectos a ejecutar en los siguientes tres años, donde se alentó a las organizaciones de personas con discapacidad a que presentasen sus propuestas. Surgió una unión de tres asociaciones que forman parte de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias, las que, valorando la iniciativa, formularon su proyecto.
Presentaron una propuesta encaminada a fortalecer el empoderamiento y sustento económico de personas con discapacidad en 12 departamentos, donde la Asociación de Sordos de Guatemala, la Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad y la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala tienen presencia.
Se pretende capacitar a los interesados en la organización, administración y gestión de emprendimientos. Al haber sido aprobada la propuesta, se espera iniciar con el proceso en junio y, con ello, promover la participación de las personas con discapacidad en la actividad productiva desde los principios del comercio justo y la responsabilidad social.
Iniciativa que espera se sumen las entidades públicas y privadas, de tal manera que incluyan en sus programas y políticas, acciones que faciliten la participación de la población con discapacidad.
