Hilda Rodríguez
Consultora Individual
Dirección de Investigación y Análisis para el Desarrollo Institucional
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Desde hace más de cien años, el 8 de marzo, conocido como Día Internacional de la Mujer, nos hace recordar sobre un movimiento que dejó como resultado garantías sociales y que posteriormente han sido elementos que contribuyen a garantizar los derechos humanos; lo cual conlleva a las naciones a comprometerse a través de convenciones, tratados, declaraciones o cartas haciendo que los Estados cumplan con cada uno de los acuerdos que se establecen en cada instrumento con la finalidad de promover el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y todas sin hacer distinción de raza, sexo, idioma o religión, velando por la efectividad de tales derechos y libertades.
Existen múltiples convenciones y declaraciones internacionales que reiteran la protección a los derechos humanos.
Guatemala, como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y como Estado protector de los derechos humanos de las mujeres, ha asumido la responsabilidad para gestionar marcos legales y de política pública integrándose inicialmente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por las Organización de las Naciones Unidas en 1948, en la que a través de treinta artículos promueve la igualdad en dignidad, derechos y libertades para hombres y mujeres; la igualdad de protección contra toda discriminación, y un nivel de vida adecuado que asegure su bienestar; a su vez, establece que los Estados deben garantizar medidas de carácter nacional e internacional.
Emanadas de lo anterior, existen múltiples convenciones y declaraciones internacionales que reiteran la protección a los derechos humanos; entre estas, el Pacto Internacional de Servicios Civiles y Políticos en 1966, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que conjuntamente con la Declaración de Derechos Humanos conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos, documento guía en el cual el Estado de Guatemala define su alcance a manera de que la gestión pública desarrolle sus intervenciones centradas en proteger los derechos, que colocan al Estado como garante de ello por medio de la prestación de bienes y servicios de calidad para todos y todas.
