Sebastián Toledo
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En el primer semestre de 2022, se cumplen 11 años de haberse
iniciado a hablar en Guatemala de la certificación de la discapacidad, proceso para el cual el Gobierno español facilitó la capacitación de expertos de varias instituciones.
Mediante la valoración o conocimiento de sus capacidades, se podrán determinar los apoyos que cada persona requiera para desarrollar sus actividades laborales, de estudio y cualquier otra actividad, así como beneficios que pueda tener en algunos servicios públicos; por ejemplo, consideraciones en el pago de transporte, en el consumo de energía eléctrica, de agua, ingreso a centros recreativos, descuento en comercios, entre otros.
En países donde se cuenta con la certificación de discapacidad, las personas tienen la posibilidad del disfrute de una mejor calidad de vida.
En procura del objetivo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MPSAS) emitió un acuerdo en octubre de 2019, el que establecía un plazo de dos años para la conformación de los equipos multidisciplinarios que se encargasen de iniciar el proceso, así como con el procedimiento por implementar y la coordinación de acciones para un trabajo interinstitucional, en el que intervengan entes públicos y privados.
Se cuenta con profesionales capacitados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ministerio de la Defensa, el Comité Pro Ciegos y Sordos, la Fundación Pro Bienestar del Minusválido y en el MSPAS.
Para la debida institucionalización de un proceso sostenible y efectivo, el movimiento nacional de discapacidad presentó al Congreso de la República un proyecto de ley en el cual se regulan los fines y objetivos de la certificación.
Se entendería que por la pandemia del Covid-19 no se han observado mayores avances en los últimos dos años, por lo que a partir de 2022 tendrían que darse las primeras acciones.
En países donde se cuenta con la certificación de discapacidad, las personas tienen la posibilidad del disfrute de una mejor calidad de vida. Además, facilita el involucramiento de la comunidad en el respeto y promoción de sus derechos.
