sábado , 23 noviembre 2024
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Desafíos del sistema de control gubernamental (II)

Israel Gómez Córdova

Biblioteca INAP
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A lo largo de la conformación de la tradición de la democracia representativa, el mecanismo de representación ha sido visto fundamentalmente de dos maneras diferentes: como delegación o como empatía, entendiendo en el primer caso que un ciudadano delega en un representante sus obligaciones y responsabilidades decisorias, mientras que la representación entendida como empatía implica la convicción de que un representante surge de entre sus iguales para representarlos, como si su palabra fuera la de ellos, y que por sus características, verdaderamente representativas, lo seleccionaron para ejercer esa función sin importar mayormente la manera en la que fue elegido. 

Este cambio que sufrió la representación ha derivado en un descreimiento de los representados en sus representantes, configurándose hoy pertenencias híbridas.

En ese marco, el control orientado a la ciudadanía prevé mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios, para que estos le respondan a quienes los eligieron de una forma más continua; de esta manera, se introducen precauciones que tienen como objetivo asegurar una correcta representación de los intereses de la sociedad. Las primeras están representadas fundamentalmente por las elecciones; las segundas, por el control del aparato burocrático.

La forma que adopta este control da lugar a diversas tipologías, según los teóricos contemporáneos. 

La noción legal está orientada a garantizar que las acciones de los funcionarios públicos están enmarcadas legal y constitucionalmente; los actores políticos son juzgados sobre la base del cumplimiento de procedimientos considerados correctos, en tanto se ajustan a procedimientos legales preestablecidos. 

Entre la norma legal y una decisión particular, hay un terreno limitado de discrecionalidad política. Para que los mecanismos legales funcionen con eficacia, es necesaria la existencia de un sistema legal con capacidad para imponer la ley y para hacer que los gobernantes la obedezcan. Definitivamente, sin este prerrequisito legal no puede implementarse.

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