Rodrigo Fernández Ordóñez
Director Presidente Comisión Nacional de Energía Eléctrica [email protected]
Como quedó apuntado en la entrega anterior, un mes después de aprobada por el Congreso la Ley General de Electricidad (LGE), en el Palacio Nacional se firmaban, como culminación de un largo proceso de negociaciones, los Acuerdos para una Paz Firme y Duradera entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que pusieron fin al enfrentamiento armado interno de 36 años.
La LGE y sus reglamentos abrieron una nueva estructura para el subsector eléctrico, más adecuada para las demandas sociales de la época, de la situación económica y de infraestructura de la que emergía el país luego de la guerra económica y de sabotaje desarrollado por la URNG en la última década del enfrentamiento armado.
Un Estado en bancarrota; puentes y torres de alta tensión dinamitadas, zonas fuera del control del Estado en las que no se podían tender redes de electrificación rural; un INDE debilitado por la fuga de capitales para subsidiar el consumo no pagado de los usuarios fueron las condiciones a enfrentar para sacar al país de la crisis.
Retos hay aún y Guatemala los podrá superar.
Importante fue asumir la responsabilidad que el Estado no disponía de fondos ni capacidad de ejecución para renovar la infraestructura del subsector eléctrico. Esto fue vital para abrir la participación de la iniciativa privada en el subsector con actividades como lo son la generación, la transmisión y la distribución final de energía eléctrica. Su entrada liberó tensión sobre un Estado agobiado por la falta de recursos económicos. Gracias a la inversión privada surgieron nuevos proyectos de generación, al inicio en los ingenios que aportaron la tecnología de biomasa, seguidos de tecnologías a base de combustibles fósiles y luego, la transformación de la matriz energética en torno a los recursos renovables.
La venta de los activos de distribución final en el área rural (Ederor y Ederoc), propiedad del INDE, permitió la participación del capital privado en esta actividad y al INDE atender su principal objetivo de índole constitucional: desarrollar infraestructura de electrificación rural para que este servicio llegue a todo el país. Se creó un fideicomiso que permitió que el índice de electrificación rural pasara de un 58 por ciento al 92 por ciento para 2016. Hoy, la expansión demográfica y la realización del nuevo censo de población han obligado a ajustar dicho índice que por su naturaleza no es estático sino progresivo, en la misma medida del crecimiento de la tasa de población del país. Así, el índice de cobertura de electrificación de Guatemala es del 89 por ciento.
Hoy, nuestro parque generador ofrece tarifas de energía eléctrica competitivas respecto al resto de la región centroamericana además de garantizar el suministro de energía eléctrica para el país, por lo que podemos asegurar que estamos mejor que hace 25 años. El peor servicio de energía eléctrica es el que no se tiene y esa máxima es la constante del trabajo de la CNEE que en el ejercicio de las funciones que la LGE le asigna, vela por el cumplimiento de dicha ley así como por los derechos de los usuarios. Desde esta tribuna se felicita y agradece a todos esos guatemaltecos que en un momento de crisis económica no buscaron las soluciones fáciles que se les habrán propuesto, sino que optaron por una solución institucional y legalmente sólida que a 25 años de distancia pasa cualquier prueba de tiempo.
El constante crecimiento económico de Guatemala durante el último cuarto de siglo descansa sobre cada uno de los kilovatios generados que ha permitido a cada guatemalteco estudiar, invertir y emprender bajo una energía eléctrica confiable. Retos hay aún y Guatemala los podrá superar siempre que las leyes y las instituciones se respeten y todos nos comprometamos a hacerlo, como soñara hace tres siglos el connotado barón de Montesquieu.
