María Fernanda Oliva Lemus
Desde el 31 de agosto de 2021, Guatemala ha dado inicio a un avance trascendental en cuanto a la eficiencia de la administración pública y los servicios públicos que brinda a la población, ya que desde la vigencia de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Número 5-2021 del Congreso de la República de Guatemala, las dependencias del Organismo Ejecutivo únicamente podrán exigir el cumplimiento de requisitos que se encuentren de forma expresa en Ley o Acuerdo Gubernativo, lo cual provoca certeza jurídica para el usuario en virtud de que elimina la posibilidad que las dependencias soliciten cualquier otro requisito que sea de forma subjetiva y que no se encuentre expresamente en dichos tipos de cuerpos normativos.
Lo anterior, definitivamente, generará la necesidad que las dependencias deban realizar las gestiones necesarias para reformar las Leyes o Acuerdos Gubernativos con la finalidad de que se apeguen a dicha disposición, así como adecuar cualquier tipo de normativa interna a la certeza jurídica prevista en el Artículo 2 de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Número 5-2021 del Congreso de la República de Guatemala. El exigir el cumplimiento de trámites, requisitos o procedimientos que no estén establecidos expresamente en Ley o Acuerdo Gubernativo es considerado como una infracción legal que debe ser sancionada por la autoridad superior jerárquica, competente o designada, con amonestación verbal, escrita o hasta una suspensión del trabajo de conformidad con lo establecido en la Ley de Servicio Civil, Decreto Número 1748 del Congreso de la República de Guatemala.
La certeza jurídica es la garantía que posee la persona de la aplicación correcta de la ley en un caso concreto.
Cabe mencionar, que esta nueva disposición puede ser aplicada también en aquellas dependencias del Organismo Judicial, Organismo Legislativo, municipalidades u otras entidades autónomas, semiautónomas o descentralizadas que por decisión de su autoridad máxima se disponga a aplicar la presente normativa.
El Estado de Guatemala se encuentra realizando un gran paso a favor de la población guatemalteca, procurando evolucionar no solo a un gobierno digital y electrónico, participativo, con trámites simples, sino además que procure proveer al usuario de un Estado conforme a Derecho y el respeto a la norma dentro de los trámites administrativos.
