Mariela Jara
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De los 2.2 millones de personas que se dedican a la agricultura familiar en Perú, casi 700 000 son mujeres, que en su mayoría carecen de ingresos propios por su trabajo, enfrentan altos índices de violencia de género, embarazos tempranos y escasa participación política.
“Cualquier política de promoción de la agricultura tiene que incorporar a las mujeres rurales porque ellas son las más pobres de la población en pobreza y porque por esa misma situación de dependencia económica están atadas a historias de violencia que no les deja salir adelante y progresar”, aseguró la dirigente rural Karla Góngora.
La lideresa de una red de autoridades mujeres de la provincia de Quspicanchi, en el departamento surandino de Cusco, hace este planteamiento tras el anuncio del presidente izquierdista Pedro Castillo, maestro rural y campesino, de que el país emprenderá una segunda reforma agraria, orientada al desarrollo de la agricultura familiar. Góngora, psicóloga de profesión, es la regidora (fiscalizadora por elección popular de la gestión municipal y con atribución de presentar iniciativas) para el periodo 2019-2022 en el municipio de Urcos, capital de Quispicanchi, una provincia con 82 484 habitantes, en su mayoría de zonas rurales y vinculados a actividades agropecuarias de las que depende su subsistencia.
“Yo felicito esta iniciativa, pero lamentablemente no tenemos información sobre su implementación y menos sobre los mecanismos para la participación de las mujeres del campo; sin esa claridad puede ser otra política que también excluye a quienes más necesitan de la igualdad de oportunidades”, afirmó en un diálogo en su despacho en las oficinas municipales.
El país emprenderá una segunda reforma agraria, orientada al desarrollo de la agricultura familiar.
El 3 de octubre, en la fortaleza inca Sacsayhuamán, situada a dos kilómetros de la ciudad del Cusco y admirada por su impresionante arquitectura en piedra, el presidente proclamó ante una multitud de campesinos los ejes de la segunda reforma agraria, política que, remarcó, no implicará ninguna expropiación de tierras. Esta precisión se adelantó a los temores que el anuncio provocó en sectores empresariales que han traído al tapete la reforma agraria lanzada el 24 de junio de 1969 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Aquella primera reforma eliminó el latifundio y otorgó derechos a los campesinos, antes no reconocidos, además de expropiar más de 10 millones de hectáreas de tierras.
Pasados 52 años, aquella medida todavía es objeto de visiones polarizadas, por lo que la puesta en marcha de una segunda reforma agraria centrada en el desarrollo de la agricultura familiar despierta muchas expectativas y a la vez
inquietudes.
Ello obedece a que en este país sudamericano de más de 33 millones de personas, la agricultura familiar representa 97 por ciento de las unidades agropecuarias y aporta más de 70 por ciento de los alimentos que consume la población peruana, según estadísticas oficiales. Sin embargo, mantiene a sus protagonistas en gran desventaja social y económica.
Justamente, la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, defendió el 25 de octubre ante el Congreso que la segunda reforma agraria busca terminar con el abandono en que las mujeres y hombres del Perú rural se encuentran desde hace 30 años, generando una fractura en las oportunidades de los habitantes del campo.
Continuará…
