Rodrigo Fernández Ordóñez
Director Presidente Comisión Nacional de Energía Eléctrica [email protected]
Con el objeto de conmemorar los 25 años de vigencia de la Ley General de Electricidad, se invitó a su impulsor, ingeniero Leonel López Rodas, a colaborar con un texto que acompañara una edición especial de dicha ley junto a otros tres textos escritos por los actuales directores de la CNEE Ángel García, Rafael Argueta y quien esto escribe, así como un texto final del expresidente de la Comisión Nacional de Energía, ingeniero Enrique Moller.
El ingeniero López Rodas contribuyó con un texto titulado: El mercado eléctrico a 25 años de distancia, en el que repasa el proceso de emisión de la Ley General de Electricidad, Decreto No. 93-96 y que en sus palabras culminó un proceso iniciado en 1983 cuando fue director de Fuentes Nuevas y Renovables del entonces recién creado Ministerio de Energía y Minas. Comenta el autor que, apoyado por el ingeniero Alejandro Contreras Bonilla, impulsó iniciativas de ley como la Ley de Geotermia, Ley del Alcohol Carburante, Ley de Fomento al Desarrollo de Fuentes Nuevas y Renovables de Energía, que planteaba desmonopolizar la generación por parte del INDE que “…tenía por objeto incentivar la utilización de los recursos energéticos autóctonos del país y mejorar los niveles de vida y bienestar de la población guatemalteca, sobre todo a nivel rural…”.
En 1990 se hablaba de reformar al subsector eléctrico.
Según López Rodas, en 1990 se hablaba de reformar al subsector eléctrico y para 1994 ya circulaban iniciativas que proponían la desmonopolización del INDE. El Decreto 59-92 creó una Comisión Multisectorial, “…la cual recomendó la creación de una nueva ley para el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), debido a que la electricidad se tornaba y consideraba un tema de importancia nacional, pues se aprobaban nuevas tarifas o se discutía el subsidio que anualmente el Ministerio de Finanzas trasladaba al INDE (500 millones de quetzales aproximadamente). Cabe recordar que en 1990 el presupuesto general de la nación era de veinticinco mil millones de quetzales, del cual el 63.7 por ciento se destinaba a funcionamiento, el 15.1 por ciento a inversión y el 21.1 por ciento al servicio de la deuda…”.
El 18 de octubre de 1994 se presentó la iniciativa de ley al Pleno del Congreso de la República, quien fijó un plazo de 30 días a la Comisión de Energía y Minas para emitir dictamen sobre el proyecto. Indica el autor invitado: “…en 1994 fui electo Diputado al Congreso de la República de Guatemala por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), oportunidad que aproveché para presentar a consideración del Honorable Pleno del Congreso de la República, la iniciativa que daba lugar a suprimir el monopolio estatal y que a partir de ese momento, todo particular que deseara invertir en proyectos de electricidad se regulara únicamente por las leyes aplicables al libre comercio y no depender de las autorizaciones del INDE para llevar a cabo las inversiones que promovieran el desarrollo sostenible del país. Asimismo, lograr que el INDE se convirtiera en una empresa competitiva como una más en el mercado eléctrico, con un marco de certeza jurídica, reglas transparentes y claras, autonomía financiera y administrativa…”. El Congreso de la República aprobó la iniciativa el 18 de noviembre de 1994 y el 7 de diciembre aprobó la Ley de Desmonopolización del INDE, ley considerada de medida histórica ya que “…a partir de ese momento el monopolio quedaría en el pasado y daría paso al uso de las fuentes hidrológicas…”. En tanto se tomaban las medidas legales para solucionar la crisis energética en que se encontraba Guatemala, otras medidas de carácter urgente y temporal permitieron que el país desarrollara el entramado legal necesario de forma seria y bien meditada, alejados de una coyuntura que podría haber urgido la toma de decisiones que fueran nocivas para el desarrollo económico del país.
