Rebeca Arias Flores
Coordinadora Residente [email protected]
Se estima que más del 10 por ciento de la población guatemalteca tiene alguna forma de discapacidad (Censo 2018) y, como en cualquier otro país del mundo, estas personas enfrentan un mayor riesgo de sufrir discriminación. Guatemala ha firmado y ratificado la mayoría de los tratados internacionales sobre derechos humanos, incluyendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Asimismo, el país ha firmado la resolución de la Asamblea General de la ONU “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Por su parte, la ONU en Guatemala apoya la implementación de la CDPD y la realización inclusiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es uno de los cinco países en América Latina que forman parte de la Alianza de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNPRPD) hasta 2023 y el único en la región que implementa la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad (Undis). En este contexto, cabe destacar que las personas con discapacidad están incluidas de forma transversal en el Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032.
Asimismo, el Marco de Cooperación de Naciones Unidas con Guatemala 2020-2025 incorpora a las personas con discapacidad en sus cinco pilares (desarrollo económico; desarrollo social; seguridad, paz y justicia; instituciones sólidas, y medioambiente), como una población prioritaria en riesgo de ser dejada atrás. En Guatemala, la priorización de la inclusión de las personas con discapacidad se evidencia en un abanico de programas y acciones concretas. Una piedra angular de todas estas acciones es que parten de las voces, necesidades y demandas de las personas con discapacidad y de las organizaciones que han formado (OPD). Actualmente, 24 OPD forman parte del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi) y esta institución está desarrollando un Protocolo para Asegurar la Participación de las Personas con Discapacidad en Procesos de Consulta, con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Las personas con discapacidad deben tener acceso y oportunidad de participar en las acciones que aseguren su inclusión.
La ONU también está fortaleciendo la participación de personas con discapacidad, entre otras formas, a través de la creación inicial conceptual de un Consejo Consultivo integrado por 11 OPD para asesorar en la implementación de Undis. Mediante la participación de personas con discapacidad en estas acciones se han logrado avances importantes, con potencial para generar cambios estructurales en los próximos años. A nivel interno, la ONU fomenta la inclusión laboral a través de la capacitación y la modificación de las prácticas de contratación. A nivel gubernamental, la incidencia de las OPD adscritas al Conadi contribuyó a la ratificación del Tratado de Marrakech (2016), la armonización de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (2018) y la promulgación de la Ley de Lengua de Señas Guatemalteca (2019). Asimismo, como resultado de un proceso interinstitucional, que involucró a OPD y agencias de la ONU, se elaboró una propuesta para la creación del primer registro nacional de personas con discapacidad en Guatemala. Hacia el futuro, para que Guatemala pueda alcanzar los ODS y cumplir con la CDPD, es indispensable seguir fortaleciendo los espacios que permitan la participación de las personas con discapacidad.
Asimismo, se debe fomentar la creación y operatividad de las OPD, sobre todo en las zonas rurales del país. La representatividad de las OPD también debe extenderse a personas con discapacidad que pertenecen a otros grupos marginados, por motivo de sexo, edad, adscripción indígena o diversidad sexual, entre otros. Todos estamos en el mismo barco y la inclusión de las poblaciones excluidas, como es el caso de las personas con discapacidad, es el motor del barco.
