MSc. Otto José Fernández
Asesor Profesional Fortalecimiento a Gobernaciones Departamentales
A raíz de la reforma municipal y el planteamiento de reglamentación de las normas sobre descentralización política, administrativa y fiscal que vienen siendo conocidas como reforma municipal, se han originado, dentro de los distintos grupos sociales, estudios y campañas de promoción sobre el significado e implicaciones de las medidas adoptadas.
El hecho mismo de que en la actualidad se esté presentando un debate amplio acerca de las características, el funcionamiento y las necesidades de aquel ente administrativo, que durante tanto tiempo permaneció en el rincón más olvidado del interés nacional, el municipio, revela ya la trascendencia de que se discuta sobre una posible reforma municipal y se analice si esta es una necesidad o una utopía.
Las opiniones son divergentes; las hay desde aquellas que consideran la reforma como un paso más dentro de una concepción neoliberal, hacia la reducción del tamaño y la intervención del Estado, pero también aparecen las que consideran que las transformaciones adoptadas constituyen un progreso jamás visto durante nuestra vida democrática y que pueden considerarse como la revolución municipal. Sin caer en ninguno de estos dos extremos, es necesario desarrollar una discusión acerca de la validez del análisis gubernamental.
Es necesario desarrollar una discusión.
Esto considera al centralismo como exclusivo factor causal de la opaca situación que ya presentaba el país al iniciar la presente década y, obviamente, a la reforma descentralista como un mecanismo apropiado para enfrentarla. La reforma, efectivamente, puede apoyar la ampliación de la prestación de servicios públicos en Guatemala y con esto cambiar hacia una gestión pública desconcentrada y descentralizada.
Los esfuerzos por acercar los servicios públicos y las oportunidades de desarrollo económico y social al territorio han tenido en el país distintos escenarios, y en la actualidad se están retomando con un importante impulso.
La legislación relacionada que da soporte a esta forma de gestión pública desconcentrada y descentralizada se encuentra contenida en tres cuerpos legales que se articulan recíprocamente: la Ley de Descentralización, Decreto 14-2002; la Reforma a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002, y la Reforma al Código Municipal Decreto 12-2002.
