Angela Rosalba Dubón Lima
Asesora de la Dirección de Investigación y Asesoría Administrativa [email protected]
A nivel mundial se estableció la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), de la cual Guatemala forma parte. Esta alianza se estableció en septiembre de 2011 en una de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual tiene como objetivo ampliar la frontera en la mejora del desempeño y la calidad de los gobiernos, así como orientar a propiciar los compromisos concretos desde los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en la decisión de los asuntos públicos y aprovechar las nuevas tecnologías para darle mayor fuerza a la gobernanza democrática.
También, de forma ambiciosa se espera que la sociedad civil y el Gobierno puedan trabajar de manera conjunta para desarrollar e implementar nuevas estrategias para el Gobierno Abierto. “La AGA se propone apoyar tanto a reformadores de gobierno como de sociedad civil para elevar al Gobierno Abierto a los niveles más altos del discurso político, proveer cobijo a reformas difíciles, y crear una comunidad de práctica de reformadores en la materia a nivel global. Ahora que la Alianza ha crecido significativamente, su principal objetivo durante los próximos años es asegurar que existan cambios reales en la mayoría de los países que participan y que estos cambios beneficien a sus ciudadanas y ciudadanos. Para incorporarse a OGP, los países deben comprometerse a sostener los principios de un gobierno abierto y transparente al suscribir la Declaración de Gobierno Abierto”, indica la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal).
Esta alianza se estableció en septiembre de 2011, en una de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En este sentido, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) tiene una Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, la cual es posterior a las Cartas Iberoamericanas del CLAD sobre Función Pública (2003), Gobierno Electrónico (2007), Calidad en la Gestión Pública (2008), Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009), y sobre Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (2013), así como lo establecido en el Código Iberoamericano de Buen Gobierno (2006) y, esta, asume principios de las mencionadas y busca vertebrar los aportes previos de estos documentos ofreciendo una plataforma de base que articule los elementos necesarios para la apertura gubernamental.
