Consejo Editorial Conadi
Según datos de la comunidad de sordos de Guatemala, en el país la población con esta condición asciende a más de 200 mil, quienes enfrentan barreras de comunicación, educación, trabajo, acceso a la justicia, entre otros derechos. Esta es una de las condiciones consideradas invisibles, porque no es evidente la deficiencia de la persona. En el pasado, muchas personas con discapacidad auditiva fueron obligadas por sus padres o tutores a oralizar y existen estudios donde se evidencia que las mujeres indígenas sordas son más vulnerables a hechos de violencia sexual, actos que son recurrentes porque las personas sordas no tienen conocimiento en lengua de señas, aunado a la falta de cultura de la denuncia. Además, por la inexistencia de condiciones para la enseñanza-aprendizaje de la lengua de señas.
Fue aprobada mediante el Decreto 3-2020.
La Ley de Lengua de Señas de Guatemala (Lensegua) fue aprobada mediante el Decreto 3-2020, entrando en vigencia durante la pandemia del Covid-19, lo que significó un importante avance en las comunicaciones de la Presidencia de la República, Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación (Mineduc), el propio Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi) y algunos telenoticieros. De manera reciente, el Mineduc publicó el Reglamento de Lensegua, donde destaca que las instituciones educativas públicas y privadas del Sistema Educativo Nacional que tengan inscritos estudiantes con discapacidad auditiva y con sordoceguera, deben implementar de manera gradual y progresiva a docentes capacitados en lengua de señas y realizar adecuaciones curriculares, para garantizar el uso del medio de comunicación reconocido para personas con esta condición en el proceso educativo.
El Acuerdo agrega que el Conadi deberá asesorar a la Dirección General de Educación Especial del Mineduc en la producción de material educativo, para sus cursos a través de la Unidad de Lengua de Señas. El Conadi implementó la unidad en 2020 con su propio presupuesto. Es necesario que el Gobierno dote a esta unidad con recursos financieros específicos para su funcionamiento, y poder contar con mayor personal con conocimiento en lengua de señas que deberán asesorar al sector público y privado en la aplicación de Lensegua.
