Rodrigo Fernández Ordóñez
Director Presidente Comisión Nacional de Energía Elé[email protected]
Como se apuntó en la entrega anterior, se había considerado un proyecto hidroeléctrico en el lago de Atitlán. La planta Atitlán I tenía una capacidad proyectada de 430 MW, pero nunca fue desarrollada ya que, según información compartida por el ingeniero Rafael Argueta, con quien compartimos directorio en la CNEE, dicho proyecto “…implicaba usar el lago de Atitlán y el trasvase de ríos para proveer el caudal entrante al lago con el consiguiente arrastre de desechos sólidos, por lo que se consideró muy dañino desde el punto ambiental para nuestro bello lago…”, afortunada decisión que sin duda alguna perpetuó el goce de uno de los destinos turísticos más hermosos del mundo.
En el contexto nacional, la reactivación del conflicto armado interno hizo imposible el aprovechamiento de sus recursos naturales. La guerra económica tuvo su costo, pues las agrupaciones, con el fin de debilitar económicamente al Estado, lanzaron operaciones de sabotaje en contra de infraestructura primordial como derrumbamiento de torres de transmisión de energía, de postes de distribución, voladura de puentes, quema de edificios gubernamentales y fincas; aumentando el estrés económico en la “década perdida”, como se conoció luego a los años 80. Este conflicto ralentizó de forma considerable la ampliación de la red rural de distribución, pues según datos recabados por el historiador Javier Calderón, entre 1959 y 1996, la cobertura eléctrica del país apenas alcanzó el 40%.
El INDE continuó con sus proyectos de electrificación rural.
El INDE continuó con sus proyectos de electrificación rural, pese a la situación de la seguridad interna del país, pero en definitiva la reposición de infraestructura dinamitada, restitución de servicios y la dificultad de acceso a extensas zonas por carreteras cortadas o puentes destruidos complicaron de forma dramática la capacidad de respuesta de dicha institución que vio menguados sus ingresos ante la incapacidad de sus dos empresas distribuidoras Ederor y Ederoc de cobrar por el servicio prestado de distribución final de energía eléctrica. Sin considerar el terrible costo humano que se cobró la guerra y circunscribiéndonos exclusivamente al aspecto económico, según el PNUD, el conflicto armado interno tuvo un costo de aproximadamente US $9 mil 300 millones (unos Q72 mil 540.00 millones al tipo de cambio actual), cantidad que de haberse tenido disponible para invertirse a lo largo de los 36 años de conflicto armado hubiera tenido un impacto considerable en el desarrollo del país. No obstante lo anterior, es necesario mencionar que Guatemala fue el único país de Centroamérica que siempre reportó crecimiento económico positivo; en algunos casos, del 1% o menos y, aunque mínima en algunas ocasiones, siempre hubo inversión privada, según apunta el PNUD.
