Estamos a las puertas de un paso fundamental para la modernización del Estado. El Congreso está conociendo la Iniciativa de Ley 5766, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. Este proyecto, al ser aprobado, se convertirá en un instrumento para mejorar sustantivamente la forma en que el Gobierno presta sus servicios a la población, haciéndolos más eficientes, efectivos y obteniendo una reducción de costos y tiempos de atención.
Para lograrlo, la iniciativa se centra en dos pilares. El primero es establecer un proceso de revisión de requisitos de los trámites; el objetivo es eliminar todos los procedimientos superfluos que no agregan valor a un trámite. Cuando preguntamos por qué existen estos requisitos, recibimos respuestas tales como “así se ha venido haciendo”. Y eso es fruto de una normativa que no ha sido adecuadamente revisada, menos actualizada.
El segundo se refiere a que las oficinas guberna- mentales donde se realizan los trámites deben mejorar su comunicación interna y externa, aprovechando los medios electrónicos disponibles y ampliamente utilizados por gobiernos de otros países. Eso significa aprovechar los sistemas informáticos que permiten la comunicación entre bases de datos y facilitan que las instituciones compartan información; eso hará que reduzcan sus tiempos y costos de gestión, y agilidad en procesos internos.
El paso que Guatemala pretende dar es fundamental.
Es necesario que, cuando un ciudadano realice un trámite, no se le exija solo la documentación relevante para el proceso que está gestionando y sean indispensables para que la oficina gubernamental atienda su solicitud. También es necesario que las oficinas de gobierno sean claras en cuanto a los requisitos que exigen para gestionar los trámites. Presentar información y documentación por medios electrónicos facilita la interacción entre los ciudadanos y el Gobierno.
Se podrán establecer los formalismos en que dicha información y documentación debe ser presentada. Los ciudadanos podrán ser notificados en cuestión de segundos, si su documentación e información ha sido adecuada y, si no, se le permitirá hacer las correcciones del caso. Una vez que las instituciones gubernamentales cuenten con la documentación e información provista por los ciudadanos, el reto es que funcionen adecuadamente los controles electrónicos de validación para resolver los trámites requeridos y los ciudadanos puedan obtener una respuesta a su solicitud. El paso que Guatemala pretende dar es fundamental, para promover amplios beneficios a particulares.
En vez de dedicar tiempo y dinero para resolver trámites, la población se podrá enfocar en ser productiva y promover el desarrollo.
