Expertos consideran urgente la aprobación de la norma en el Congreso.
Académicos, profesionales de Derecho y economistas afirman que contar con una institución que vele por la libre competencia impulsará el desarrollo socioeconómico de Guatemala. En ese sentido, consideran urgente la aprobación de la Iniciativa 5074 del Congreso de la República, que dispone aprobar la Ley de Competencia. De acuerdo con el Ministerio de Economía (Mineco), de frente a un nuevo gobierno el tema cobra relevancia, puesto que el país necesita mayor dinamismo dentro de un crecimiento económico incluyente y sostenible que mejore la calidad de vida de las personas en Guatemala, tal como lo delinea la Política Económica 2016-2021: Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible.
Desde la perspectiva del Mineco, incluyente significa cerrar brechas, promover la participación de todos los sectores de la población y abrir el mercado nacional e internacional a jóvenes, emprendedores, cooperativas, grupos de productores y micro, pequeños y medianos empresarios, por lo que una ley de competencia también ayudaría a impulsar el desarrollo socioeconómico de Guatemala.
El ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, recordó que la Iniciativa de Ley 5074, que se preparó en dicha cartera, se realizó en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Valladares explicó que dicha iniciativa no hace excepciones; es decir, es incluyente con todos los sectores, sin importar su actividad económica o área de desempeño.
“Es una ley eminentemente técnica que busca la promoción de un ambiente competitivo en la esfera de los negocios en Guatemala. La parte medular de esta Ley de Competencia es el ente regulador de competencia”, afirmó.
De acuerdo con Marcos Palma, vicepresidente del Instituto de Derecho de la Competencia (IDC), todos pierden porque Guatemala no tiene una normativa de competencia.
Según Palma, pierden los consumidores, quienes podrían estar sobrepagando bienes y servicios, por virtud de acuerdos de fijación de precios y repartición de mercados. Pierden también los agentes económicos, al adquirir insumos y materia prima en condiciones de competencia inexistente, afectando así su eficiencia y competitividad. Por último, pierde el Estado en las licitaciones viciadas por colusión.
Según el profesional, la defensa de la libre competencia, junto con otras políticas públicas, puede coadyuvar a reducir la pobreza e inequidad, o de cómo la corrupción, la inestabilidad e incertidumbre políticas, la cooptación por parte de los agentes económicos, la escasez de capital humano especializado y el difícil acceso al sistema financiero constituyen barreras de entrada que deben considerarse en el análisis de conductas y concentraciones.
Mientras tanto, ya han transcurrido alrededor de 72 años después del primer mandato constitucional, y Guatemala sigue sin contar con política ni legislación de competencia. Por su parte, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) llamó la atención en su oportunidad, por medio de un comunicado de prensa, sobre la necesidad de que Guatemala apruebe y tenga vigente una ley de competencia, porque esta es “indispensable para el adecuado funcionamiento de los mercados y, en consecuencia, para obtener el beneficio final para los consumidores”.
El árbitro del Partido
Una ley de competencia se asemeja a un árbitro de futbol: evita que los jugadores (empresas) cometan faltas que entorpezcan el juego (mercado).
Entre los beneficios de esta norma están: mejores precios en el mercado, más justos y competitivos; mejor calidad de los bienes y servicios ofertados; mayor surtido de bienes y servicios; que los recursos, que son limitados, se utilicen y asignen en forma eficiente, e incentivos constantes para la innovación tecnológica.
Con información de Byron Dardón Garzaro/Mineco
