Por: Juan Diego Ruiz Cumplido, gerente de programas y coordinador subregional del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ONU
En Guatemala, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI, 2016), hay 2.3millones de jóvenes rurales alrededor de un 14 % de la población del país, pero solo menos de 1 millón declara tener una ocupación laboral. El 66.7 % de la juventud rural empleada lo hace como personal asalariado o por jornal con ingresos mensuales promedio menores al 50 % del salario mínimo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pone un especial énfasis en la participación efectiva de la juventud, por ser este un grupo etario clave para abordar los muy complejos retos de desarrollo que la humanidad debe afrontar durante las próximas décadas. La juventud rural juega un papel clave para impulsar efectivos procesos de desarrollo inclusivo y sostenible, para lo cual se deben promover políticas públicas centradas en su acceso a conocimiento y educación, generación de empleos verdes, incremento de activos productivos, y participación efectiva en la economía y la política, teniendo en cuenta que, debido al creciente uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones, se está produciendo un cierto proceso de atenuación de las distancias identitarias entre las juventudes urbanas y rurales. Para ellos, las actividades económicas tradicionales de los ámbitos agropecuarios, forestales o pesqueros todavía conservan su importancia, pero ya no su hegemonía. Lo anterior es un fenómeno fuertemente considerado desde el FIDA como un elemento para atraer a la juventud y posicionar su contribución en sus comunidades rurales. Estas habilidades son esenciales para promover modelos socioeconómicos más inclusivos a través de políticas públicas de desarrollo rural, no solo más eficaces y eficientes, sino, sobre todo, más legítimas y democráticas.
