Por: Fernando López
Contra viento y marea. Con todo y amparos interpuestos contra la Comisión de Postulación a fiscal general y jefe del Ministerio Público, la semana pasada los integrantes de dicha Comisión eligieron al grupo de seis profesionales para que sea elegido para dirigir al ente investigador por los próximos cuatro años. Lo cierto es que ahora le toca el turno al Presidente de la República, elegir a uno, o una, profesional, que tendrá sobre sus hombros la responsabilidad de aportar, junto a su equipo de trabajo, las pruebas de que él, la, los o las sindicadas de un delito, lo cometieron. Hay que tomar en cuenta que nuestra Constitución Política garantiza la presunción de inocencia, un juicio justo y, sobre todo, celeridad en los procesos.
De suerte que quienes integran la lista de los profesionales tienen amplia experiencia al haber desarrollado una carrera judicial dentro del sistema de justicia. Pero quizá lo importante para el período que le tocará a quien se designe, será la implementación de la presencia del Ministerio Público a nivel nacional. No es lo mismo valorar las pruebas presentadas dentro de un proceso, para que sean la base de una resolución condenatoria conforme a derecho, que tener la obligatoriedad de presentarlas como parte del proceso de investigación y una pieza clave para que los jueces contralores de los procesos valoren, acepten y, conforme a la sana crítica razonada, resuelvan conforme. La población espera que el fruto del trabajo que desempeñen sea de beneficio para el país y el fortalecimiento del sistema judicial.
