El expresidente regional catalán Carles Puigdemont fue detenido hoy en Alemania, a pocos kilómetros de su frontera norte con Dinamarca, después de que un juez del Tribunal Supremo de España emitiese hace dos días una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) o euroorden.
La detención se ha producido menos de 48 horas después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesara el pasado viernes a 25 implicados en el ilegal proceso independentista catalán, de los que 13 lo han sido por rebelión, entre ellos Puigdemont, a quien se le acusa también de malversación de fondos públicos y otros delitos.
Ese mismo día, Llarena decidió activar la euroorden contra Puigdemont, que el viernes estaba en Finlandia, y los exconsejeros regionales Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, todos ellos fugados a Bélgica a finales de octubre y que aún permanecen allí, a excepción de Ponsatí que posteriormente se trasladó a Escocia (Reino Unido).
La Policía escocesa confirmó hoy que ha recibido esa euroorden para Ponsatí y que está en contacto con sus abogados “para acordar la entrega voluntaria” de la política a las autoridades.
Los cinco están acusados de delitos de rebelión y desobediencia, que pueden conllevar penas de prisión conjuntas de 25 a 30 años y el mismo tiempo de inhabilitación, y alguno de ellos de suma la acusación de malversación, con penas de cárcel de 12 a 15 años y 30 de inhabilitación.
Fugitiva de la justicia española es también la dirigente secesionista Marta Rovira (ERC, izquierda republicana) que el pasado viernes se fugó a Suiza, y que está acusada de rebelión, un cargo con penas de 15 a 25 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación.
Sobre ella pesa una orden internacional de búsqueda y captura, ya que Suiza no forma parte de la Unión Europea (UE).
La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) o euroorden sustituye entre los estados miembros de la Unión Europea al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004, después de que se traspusiera a su ordenamiento una directiva europea de 2002.
El procedimiento de la OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.
La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias. Alemania dispone de un plazo máximo de 60 días, prorrogables a 90 en casos excepcionales, para decidir si extradita o no a Puigdemont a España.
EFE
