La Sala Constitucional de Costa Rica dio un plazo de cuatro meses al Ministerio de Educación para establecer un “sistema de educación inclusivo” a las personas con autismo y otras discapacidades, según una sentencia emitida el pasado 17 de junio y publicada hoy.
La Sala aceptó un recurso de amparo a favor de un niño de 14 años que padece trastorno del espectro autista, y contra el Colegio Monterrey donde estudia, por cambiarle el método de enseñanza y separarlo de sus compañeros.
El recurso de amparo es producto de la no aplicación de lo ordenado por un juzgado en sentencia de 2016, por el que se imponía la vuelta del menor al sistema de educación integrado.
Para la Sala “es indispensable que se cumpla lo ordenado en esa sentencia y se dicte la reglamentación necesaria para guiar a los centros privados en el camino de la inclusión educativa”.
“El Ministerio de Educación debe brindar una estandarización y guía de actuación para los colegios en esa área, con pautas y líneas claras de cómo proceder, pero además, debe ejercer un control y fiscalización permanente, sin que lo anterior implique, en modo alguno, girarle fondos públicos a esos centros educativos”, asevera.
La representación de los padres del menor manifiesta en el recurso que estudia en el colegio desde 2012, que se le aplica la adecuación curricular significativa en la modalidad de integración educativa y que cuenta durante toda la jornada escolar con una docente sombra.
El niño “ha cumplido con éxito toda la educación primaria y el séptimo año”, pero, a mediados de junio de 2016, se les convocó a una reunión en la que le informaron que a su hijo le condicionaron la matrícula hasta tanto no se le ubicara en un aula diferenciada del programa de educación especial en secundaria.
En el recurso de amparo alegan que el cambio de sistema educativo, sin base científica o técnica, implica someter al menor a un sistema de inferior calidad del que está acostumbrado y que, además, lo privarían de estar con sus compañeros, quienes lo acompañan desde la primaria.
Sostiene que se le quiere ubicar en un sistema segregado, ya que tendría un mínimo de contenido académico y más aprendizaje tipo vocacional.
Ordenan restituirle sus derechos
El Tribunal ordenó al director General y a la directora de Secundaria, ambos del Colegio de Monterrey, proceder de forma inmediata a restituir al niño en el pleno goce de sus derechos vulnerados, de manera tal, que se le garantice su derecho a la educación inclusiva en el sistema regular.
Para ello deberá continuar en el nivel académico de octavo año en el que se encuentra y con la aplicación de las adecuaciones curriculares significativas en los términos que señalan los magistrados.
Además, la Sala reiteró que “la integración social de las personas con discapacidad, debe ser un objetivo prioritario del Estado que tiene la obligación de adoptar los mecanismos que sean necesarios para eliminar progresivamente las barreras que limitan a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho a una vida independiente”.
Por ello ordena al ministro de Educación, “reglamentar debidamente en un plazo no mayor a cuatro meses desde la notificación de esta resolución, las condiciones de ingreso y permanencia de personas con discapacidad en los centros de enseñanza públicos y privados”.
*Con información de ACAN-EFE.
