Por: Vera Calderón
Vera.calderon
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La semana anterior, la ciudad de Antigua Guatemala albergó a más de un centenar de representantes de las entidades públicas y privadas de la región latinoamericana y el mundo, encargadas de promover la inversión y el empleo, a través del mecanismo conocido como zonas francas o zonas económicas especiales. Solamente en Latinoamérica existen 630 zonas francas que acogen a más de 10 mil 800 compañías y generan arriba del millón de empleos. De esa cuenta, en el mundo existen zonas francas en puertos, en aeropuertos; otras orientadas a servicios vinculados a las TIC, a la logística, a los servicios de la salud. Constituyen la fórmula común de los casos exitosos, tres denominadores: en primer lugar, la certeza jurídica a los proyectos de inversión. En otras palabras, mantener las reglas del juego bajo las cuales las empresas se instalaron en el país. El segundo elemento, un paquete de incentivos que van desde mecanismos tributarios y aduaneros, como exenciones, deducciones o acreditaciones. Finalmente, el tercer eje de la fórmula es una fuerte articulación y trabajo en alianza público-privada. Fue muy emotivo escuchar parte de un discurso del Presidente de la República Dominicana, en donde exhortaba a los diferentes actores públicos y privados a impulsar las inversiones en zonas francas, por el beneficio en la generación de fuentes de empleo y su derrame en la economía. En el caso de Guatemala, priorizar la aprobación de las reformas a la Ley de Zonas Francas y la Ley de Estabilidad Jurídica de Contratos son aportes a esa fórmula, para que podamos competir en atraer inversión y que contribuya a la generación de empleo formal.
