sábado , 23 noviembre 2024
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Administración pública y los límites al poder (II)

Es vital que la ciudadanía esté en constante observancia e involucrada en las acciones del Gobierno.

No podemos seguir con propuestas que solo maquillan los problemas nacionales; nunca saldremos del atolladero en el que estamos si le seguimos apostando a fórmulas como las de esas “concepciones románticas de la política”, de las que surge el contraproducente “intencionalismo moral” que definen algunas corrientes filosóficas de la política, las cuales explican esa tendencia generalizada de que nuestro deber es tener buenas intenciones. Se debe entender bien que nuestro deber es hacer “A” o “B”; nuestro deber nunca es de tener las intenciones, sean estas buenas o malas. Resulta entonces nefasto creer que la eficacia de nuestras acciones depende de la calidad de nuestras intenciones, a la hora de lidiar con toma de decisiones que proyecten liderazgo en un sistema como el que acontece ahora mismo en Guatemala y todo su andamiaje de administración pública.

A fin de cuentas, la moralidad o inmoralidad de la conducta la determinan las consecuencias para los demás de nuestros actos o las consecuencias para el prójimo, cualquiera que haya sido nuestro motivo o intención. Por ello es vital que la ciudadanía esté en constante observancia e involucrada en las acciones del Gobierno para que las gestiones se midan por los resultados que más satisfagan la demanda ciudadana, en cuanto a bienes y servicios que el Estado está en la obligación de retornar a la sociedad y, cuyo costo cubre el ciudadano tributario.

En el campo de las ciencias sociales, la validez de una teoría se determina en la medida que esa teoría pueda o no explicar cómo funciona nuestra realidad nacional; por ello, tiene que explicar de la mejor manera la causalidad estructural, o sea, las relaciones causa-efecto. El argumento correcto es afirmar que una teoría no es válida porque no tiene la capacidad de explicar la realidad del campo práctico. Es por eso, que en la cosmovisión de la corriente del pensamiento que propone que el exceso de gobierno (sin limitaciones), es por parte de quienes lo practican, usurpación de poder, y por parte de quienes lo consienten, abdicación de libertad, que describe la hipertrofia gubernamental actual en Guatemala, señalando a la vez, que en el actual balance de poder en nuestro viciado sistema integral de acción gubernamental, el Estado no tiene riqueza propia; tampoco tiene poder propio. Todo el poder que tiene es el que le confiere la sociedad.

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