El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, resolvió ligar a proceso a 53 de los 57 sindicados en el caso denominado cooptación del Estado, quienes de acuerdo con el Ministerio Público (MP) habrían fraguado una estrategia para apoderarse de forma ilícita de recursos financieros del Estado.
La determinación judicial incluye el procesamiento contra el expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicemandataria Roxana Baldetti por los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo.
En la jornada número 27 y tras tras analizar en los últimos cuatro días los medios de investigación y pruebas presentadas por el MP.
De las 53 personas procesadas se indica que existen indicios de que cometieron distintos delitos, entre ellos asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, financiamiento electoral ilícito y cohecho pasivo.
Para el notario Luis Montiel Dávila, sindicado por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de asociación ilícita y lavado de dinero, el juez decretó la falta de mérito. Al igual que para Raúl Eduardo Castillo, contratista, señalado del delito de cohecho activo; y para Julián Jiménez y Marvin Díaz.
Resolución
Las 15 personas sindicadas en el grupo denominado financistas, serán investigadas por financiamiento electoral ilícito.
Rafael Cetina Gutiérrez; el abogado Mario Cano, exdefensor de Baldetti; y Edin Barrientos, exministro de Agricultura; fueron ligados a proceso por el delito de lavado de dinero.
Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, quedó ligado a proceso por asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo. Daniela Beltranena y Jonathan Chévez, por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
Los exministros de la Defensa Nacional Manuel López Ambrosio y Ulises Anzueto serán investigados por lavado de dinero y asociación ilícita. Mientras que Gustavo Alejos, empresario y exsecretario privado de la Presidencia, por financiamiento electoral ilícito.
El exministro de Cultura y Deportes, Dwight Pezzarossi, y el exdirector del Registro Nacional de las Personas (Renap), Rudy Gallardo Rosales, fueron ligados por cohecho pasivo y asociación ilícita; el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, por asociación ilícita y lavado de dinero.
El juez Gálvez continúa dictando su resolución en cuanto a si las 55 personas serán enviadas a prisión preventiva o se les otorgará medida sustitutiva.
Según las investigaciones del MP y la CICIG, el Partido Patriota (PP), que llevó al poder a Pérez y Baldetti, recibió fondos de origen ilícito y los mismos fueron lavados por medio de empresas de cartón creadas únicamente para darle apariencia de legalidad a ese financiamiento.
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