La empresa APM Terminals, filial del Grupo Maersk, aceptó la recomendación realizada la semana pasada por el interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Alexander Aizenstatd, que incluye pagar una reparación civil al Estado de Guatemala, anular el contrato de usufructo y firmar un nuevo contrato de concesión que deberá ser aprobado por el Congreso para que pueda operar la terminal.
El anuncio lo hizo la empresa este lunes por medio de un comunicado, en el cual explicó que APM Terminals se convirtió en el propietario de TCQ el 8 de marzo de 2016, como parte del proceso de adquisición de la compañía Grup Maritim TCB, y que después de ello se enteró de la presunta conducta indebida realizada por el anterior propietario.
“A pesar de no estar asociado a estas acciones, APM Terminals se toma muy en serio cualquier denuncia de corrupción, por eso la compañía inició inmediatamente una investigación interna y ha cooperado en todo momento con las autoridades en su investigación”, se lee en el texto.
El pasado 21 de julio Aizenstatd ofreció una conferencia de prensa en la cual indicó que entre las recomendaciones se incluye una reparación civil al Estado por 43.2 millones de dólares, ello porque presuntamente el contrato de TCQ se firmó por medio de procesos irregulares.
Además, el interventor recomendó la anulación voluntaria del contrato de usufructo vigente y posteriormente realizar un contrato de concesión, el cual tendría un plazo de 21 años y al finalizar este el equipo de TCQ debería pasar a ser propiedad del Estado.
En el comunicado, la vicepresidente de APM Terminals, Susanne Marson, señaló: “Esperamos que las autoridades acepten los términos de la propuesta y podamos así alcanzar una cuerdo para comenzar a operar esta necesaria y moderna terminal, tan importante para el crecimiento económico y la competitividad de Guatemala”.
Según investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la empresa Terminal de Contenedores Barcelona (TCB) pagó una comisión de 30 millones de dólares para obtener el contrato de usufructo de TCQ. El caso es conocido por el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo. Entre los sindicados se encuentran el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti, además de otros exfuncionarios de Gobierno.
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