Por la posible utilización de fondos del Estado para la persecución política de dos guatemaltecos en el extranjero, el Ejecutivo presentó ayer una denuncia en la Contraloría General de Cuentas (CGC).
En la acción se señala al secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, quien habría gestionado 461 mil 600 quetzales mensuales para el pago de un bufete de abogados en Estados Unidos, a fin de que accionara contra los connacionales, ambos en el exilio.
La petición de auditoría fue presentada por órdenes del mandatario Bernardo Arévalo, explicó Juan Gerardo Guerrero, quien se apersonó a la CGC y expuso los hechos que comenzaron en noviembre de 2021. “Pineda dirigió un oficio al entonces presidente Giammattei, en el cual le requiere pagar un bufete para actuar en contra de dos connacionales exiliados, utilizando como pretexto la defensa de los intereses del Estado”, afirmó Guerrero.
Al día siguiente, la entonces Secretaría General de la Presidencia ordenó al jefe de la Procuraduría General de la Nación iniciar las gestiones para emprender la persecución política. Seguidamente, el funcionario acudió al Ministerio de Finanzas para obtener los recursos.
Guerrero indicó que el motivo de la solicitud a la Contraloría es esclarecer la utilización de los recursos del Estado y, derivado de ello, emprender acciones necesarias, incluyendo penales en relación con los hechos descritos ocurridos entre 2021-2022.
El Ejecutivo también pide realizar auditorías en Finanzas y la PGN, en relación con el caso
citado.
Por su parte, Pineda dijo que la denuncia no tiene sustento jurídico. “Denota un desconocimiento de cómo funciona cada uno de los entes estatales. Al parecer, ya es un accionar del Gobierno por atacar al MP, en vez de atender los problemas nacionales”, dijo el señalado.
