En América Latina existen dos países que tienen la pena capital en su Legislación, Cuba y nuestro país, la aplicación de pena de muerte no genera aspectos disuasivos en la delincuencia, Nery Rodenas, director ejecutivo de Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado en Guatemala (Odhag), pide derogar el Decreto Legislativo 159 del año 1892, por el Decreto 32-2000. Pues según señala el Estado no tiene una posibilidad técnica y jurídica de aplicar la pena de muerte.
Asunto Vivó, representante de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, propuso un fortalecimiento en el fortalecimiento en la independencia de las instituciones de justicia, incluyendo el Sistema Penitenciario. “La Pena de Muerte, no resuelve los problemas de fondo ni soluciona la crisis de justicia que tiene Guatemala”.
Alberto Brunorí, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Guatemala, destacó que la Corte Suprema de Justicia ha revertidos todas las penas de muerte sentenciadas, no existen actualmente, destacó.
La última sentencia de pena de muerte de nuestro país fue el 29 de junio del año 2000, cuando por medio de inyección letal, Luis Cetino y Tomás Cerrate, miembros de la banda de secuestradores “Los Pasaco” fueron ejecutados.
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