El proceso y situación jurídicos del contrato entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) están siendo analizados por el Organismo Ejecutivo, anunció Jafeth Cabrera, presidente en funciones.
“En la Comisión de Transparencia hablamos con la titular de la Procuraduría General de la República, María Eugenia Villagrán, y decidimos que era mejor avanzar en lo jurídico, y que se reuniera con el titular de Finanzas y abogados para tomar una decisión”.
Julio Estrada, ministro de Finanzas, refirió que, tras el encuentro con la funcionaria, se determinó que la situación debe ser analizada con detenimiento, y evaluar cuáles son las rutas jurídicas más adecuadas para defender los intereses de Guatemala.
“Es un convenio con inversiones millonarias, donde claramente los acontecimientos recientes juegan a favor para que el país pueda obtener un buen resarcimiento, algún tipo de modificaciones, o pueda llegar inclusive a la cancelación del contrato”, acotó Estrada.
Villagrán comentó que una de las preocupaciones del encargado de la cartera del Tesoro es el impacto que pueda causar a la economía la cancelación del acuerdo. Además, explicó que existen recursos para buscar la nulidad; entre estos, simulación de otro negocio jurídico y extralimitación de funciones.
Petición sindical
En una reunión con Ovidio Monzón, presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, sindicalistas de la Terminal de Contenedores Quetzal solicitaron mediar ante las autoridades correspondientes para que se amplíen las investigaciones por los supuestos casos de corrupción en la Portuaria, por considerar que habría más personas implicadas en la comisión de actos ilícitos.
Javier Reyes, representante de los trabajadores, considera necesario que las pesquisas se extiendan a los empresarios que hacen uso de la terminal.
Posible fraude
José Abraham Ruano Cerna, quien fungió como jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Portuaria Quetzal y formó parte de la Comisión que le dio dictamen favorable al contrato de modernización de la empresa Portuaria Quetzal, dio su testimonio en calidad de anticipo de prueba.
En su relato, el declarante mencionó que por instrucciones superiores, las 7 personas que integraban la Comisión Multidisciplinaria sintieron presiones para que el dictamen fuera favorable y rápido. De los 25 usufructos, el testigo ha participado en 8.
“Nos dijeron que urgía sacarlo y en tres días se hizo el análisis; por ello nos concentraron en un hotel en Antigua Guatemala”, dijo Ruano, y agregó que la presión se sintió desde el principio pues, según mencionó en la audiencia: “Nunca nos sacaban de la oficina para que pudiéramos realizar análisis”.
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