Son diversos los objetivos que persigue el Estado cuya materialización se propicia a través de la acción gubernamental. Tales objetivos los podemos encontrar tanto en la normativa jurídico-política del Estado como en los lineamientos de orientación política de este, así como en la generación de planteamientos que impulsa la sociedad y los que emanan de los datos generados que nos muestran la situación social económica del país y que obligan al Estado a generar acciones tendentes para superar la problemática nacional.
Un aporte de la administración pública para contribuir al desarrollo del país debe ser el creciente impulso de propuestas institucionales orientadas a desconcentrar la prestación de los servicios públicos dejando el centralismo en el ejercicio de la acción pública gubernamental que contribuya a ampliar la cobertura de prestación de servicios públicos y por ende acercar el desarrollo de forma sostenida hacia las diversas regiones y municipios en los cuales se considera que ha sido mínima la presencia del Estado a través de la función que generan sus órganos administrativos. Una condición previa para contar con Estados fuertes, garantes del bien común, es contar con la presencia de la labor administrativa del sector público en todo el territorio del Estado.
Los funcionarios y técnicos de la administración pública deben tomar en consideración que el acercar el gobierno cada vez más a la ciudadanía es una de las acciones más importantes a ejecutarse por parte de los entes administrativos. Todo lineamiento o política impulsada por la institucionalidad pública debe tomar en consideración además de la mejora y calidad de prestación de los servicios públicos el ampliar la presencia del sector público.
Los gobiernos deben de invertir esfuerzos y recursos en plantear formas de acercar el gobierno a la ciudadanía a través de los servicios públicos que presta el Estado buscando estrategias que minimicen el recurso público a invertir como una función impulsada por el mismo para el logro de resultados y la garantía de derechos ciudadanos.
La acción administrativa orientada a la desconcentración de los servicios públicos debe expresar su fortalecimiento en los planes institucionales, las políticas públicas y los lineamientos de gobierno.
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