El día viernes 30 de septiembre se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Administración Pública la conferencia La Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes Ciudadanos y sus Implicaciones para la Administración Pública y la Sociedad Civil en Guatemala, dictada por Jaime Rodríguez Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo de España.
La importancia de dicha conferencia radica en que, a través de la realización de un espacio académico-gubernamental, se dieron a conocer aspectos importantes para fortalecer la administración pública y de los cuales, deben apropiarse los servidores y tomadores de decisiones a nivel de Gobierno para un mejor ejercicio y desempeño de la gestión gubernamental.
Esos aspectos son los principios a través de los cuales los gobiernos garanticen que los ciudadanos sean el centro de la gestión gubernamental, siendo el principal actor en todo el sistema administrativo, ya que son “titulares del derecho fundamental a la buena administración pública, que consiste en que los asuntos de esa naturaleza sean tratados con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad”.
La Carta de Derechos y Deberes del Ciudadano, en relación con la administración pública, tiene como finalidad el reconocimiento del derecho fundamental de la persona a la buena administración pública y de sus derechos y deberes, para que los mismos asuman una mayor conciencia de su posición central en el sistema administrativo.
Aplicar los principios a los que hace mención dicha Carta puede contribuir a un incremento sostenible de la legitimidad gubernamental y en la mejora del acercamiento de los gobiernos a la ciudadanía, propiciando un gobierno más abierto a los ciudadanos y garante del cumplimiento de sus derechos, lo cual implica que su vinculación con el Estado de Guatemala contribuiría a fortalecer la gobernanza pública.
Algunos de los principios establecidos en la Carta, son el principio de igualdad de trato; eficacia; eficiencia; ética; universalidad, asequibilidad y calidad de los servicios públicos; participación de los ciudadanos, publicidad y claridad de las normas, entre otros. La garantía de derechos por parte del Estado y el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas contribuirán a fomentar el régimen democrático del Estado.
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