Veintidós compromisos

El gobierno abierto contribuye a la democratización de la gestión pública.

Recientemente, en el ámbito nacional e iberoamericano se están llevando a cabo por parte de los Gobiernos acciones orientadas al impulso del gobierno abierto.

En el caso guatemalteco, las mismas se enfocan en los resultados obtenidos a través del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018, el cual quedó conformado por 22 compromisos distribuidos en 5 ejes, que son: acceso a la información y archivos institucionales; innovación tecnológica; participación ciudadana; rendición de cuentas y transparencia fiscal.

En el terreno regional iberoamericano, además de las acciones generadas por parte de los países iberoamericanos miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto, recientemente fue aprobada la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto impulsada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, la cual define al gobierno abierto como “el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, la participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo”.

Para el Estado de Guatemala, la importancia del impulso del gobierno abierto radica en que contribuye a la democratización de la gestión pública y a mejorar la relación Estado-sociedad, lo cual es una condición para el fortalecimiento de la institucionalidad pública. Entre los compromisos del Estado de Guatemala, en materia de gobierno abierto, está la implementación de procesos de capacitación en acceso a la información pública y archivos institucionales; el diseño e implementación del directorio de servicios públicos en línea; el diseño de la plataforma única para solicitudes de información pública y la creación e institucionalización de mecanismos de opinión ciudadana para los proyectos de ley.

Para el logro de dichos compromisos, es necesario continuar con el trabajo coordinado de los entes públicos conjuntamente con la sociedad civil involucrada en materializar los mismos.