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Un poco de historia fiscal

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Después de junio de 1954, el Estado guatemalteco perdió el poder impositivo que construyó durante los gobiernos de Arévalo y Árbenz, tanto en lo que se refiere a la administración tributaria (aplicación de penas drásticas, como la aplicada a la cervecería, de Q100 mil), como en su estructura (tipos de impuestos y tasas). Desde entonces, es decir, desde el gobierno de Castillo Armas, los gobiernos que le sucedieron han estado en constante lucha contra el sector privado organizado para aumentar los ingresos fiscales, pues cada uno de estos (ya sea civil, militar, conservador o moderado) se ha encontrado con la dificultad de administrar un Estado de escasos recursos (un Estado pobre), incapaz de cumplir con el mandato constitucional de realizar el bien común.

Desde su instalación en 1951, el gobierno de Árbenz organizó una comisión conformada por sectores políticos, sociales y económicos, para estudiar cómo modernizar el sistema tributario del Estado, de tal forma que incluyera por primera vez el Impuesto Sobre la Renta (ISR). El objetivo de esta reforma fiscal era hacer al sistema más directo, menos regresivo, organizarlo con el principio universal de justicia tributaria: a mayor ingreso, mayor tasa de tributación, lo que estaba en consonancia con la filosofía política de Árbenz. La tasa del ISR era del 2 por ciento aplicada a los ingresos menores de Q500, hasta llegar a una tasa del 37 por ciento para los ingresos mayores de Q47 mil. 

Desde 1948, el impuesto se había discutido en el Congreso. En junio de 1954 se aprobó el ISR en tercera lectura e iba a entrar en vigor el 1 de julio de ese año; sin embargo, los acontecimientos ocurrieron a finales de junio (el éxito de la Operación Éxito de la CIA), la ley ya no entró en vigencia, pues el nuevo gobierno la derogó, junto a otras leyes, como los impuestos a bienes suntuosos, a sacos de exportación de café, a alcoholes industriales y a los combustibles. En fin, se derogaron o recortaron alrededor de 20 impuestos.

Desde el 54, la toma de decisiones con relación a la política fiscal dejó de ser plural, de la misma forma en que el sistema político se convirtió en excluyente y autoritario. El elitismo del proceso político se reflejó en el papel privilegiado de la élite económica en la definición de las políticas económicas y fiscales de los gobiernos que se sucedieron desde la derrota del movimiento nacional popular encarnado en los gobiernos de la Revolución de Octubre de 1944.

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