El problema yace en los órganos de control.
Ya en su origen, la organización burocrática requiere la formalidad en las comunicaciones y los procesos, estableciendo la estandarización de los procedimientos y la necesidad de regular a través de reglas y de registrar todo en escritos y documentos. Esto se convierte inevitablemente en una secuencia de formas y procedimientos para lograr la aprobación burocrática de una empresa, una compra, un empleo, una importación, un documento, cualquier cosa, lo cual la mayoría de veces implica un gran consumo de tiempo, energía; además de que es tedioso.
Y al parecer, los órganos de control de nuestra administración pública, ante el descubrimiento de serios casos de corrupción en las altas esferas de los Gobiernos, han multiplicado el requerimiento de constancias, certificaciones, títulos, toda clase de documentos (unos reales y otros hasta inventados) con el objetivo de ponerle freno a la gran variedad de oportunidades de corrupción en el Gobierno. Es decir, lo que parece estar sucediendo es que se ha triplicado el papeleo y alargado por diez la tramitología. Esta es una excesiva regulación y una rígida conformación a reglas y procedimientos que se convierten en obstáculos para que las acciones administrativas cristalicen y se acelere el proceso de toma de decisiones, lo cual se traduce en desperdicio de tiempo y recursos.
Esta hiperburocratización exigida por algunos órganos de control falla, además, en lograr su objetivo, puesto que de esa manera poco se puede limitar y combatir la corrupción. Agregar documentación tras documentación, lo único que hace es aumentar la burocracia y abrir nuevas oportunidades de corrupción, acrecentando un gasto público ya de por sí exiguo. Lo que ha fallado en los órganos de control, no es la inexistencia de reglas o documentación, la falla ha sido la falta de voluntad de las autoridades de hacer efectiva la supervisión, el control, la exigencia de que se sigan los procedimientos establecidos. El problema está en la carencia de voluntad de hacer que lo formal sea real y, sobre todo, es un problema de ética.
Ha sido en el universo de las normas morales que orientan la conducta de los altos funcionarios a cargo de los órganos de control, lo que ha llevado, en gran parte, al Estado a estos niveles inimaginables de corrupción. No han jugado el papel que les corresponde, en esa medida están a la altura ética de los políticos y los grandes empresarios que durante años han esquilmado los recursos del Estado, reduciendo la cantidad de servicios y bajándoles hasta el ridículo la calidad.
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