Tercerización de los servicios públicos

Instituciones fueron borradas del mapa.

En los años 90 del siglo pasado, se propagó por toda América Latina un plan de reformas del Estado que fueron una extensión de los programas de estabilización y ajuste estructural de los años 80, derivados principalmente del llamado Consenso de Washington. Estas reformas implicaban cambios profundos en la administración pública, la que era considerada burocrática en el peor de sus sentidos: lenta, engorrosa, ineficaz, ineficiente, así como corrupta. La figura que se utilizó en Guatemala para caracterizarla fue que tenía un cuerpo deforme: tenía un pierna en donde debería estar un brazo, un brazo en donde debería ir una oreja, una oreja en donde debería ir un ojo. ¡Esto tenía que cambiar! Y así fue.

Entre las reformas se destacaba lo que en el nuevo lenguaje de aquella época se llamó tercerización de los servicios públicos, una traducción de un término de la empresa privada anglosajona: outsourcing. Esta reforma se destacaba porque su principal efecto era la reducción de la planilla burocrática y ponía en práctica lo que se consideraba, ya en esos días, una verdad indiscutible, es decir, una creencia incontestada: las funciones del Estado pueden ser mejor realizadas por el sector privado, mejor en el sentido de ágil, eficiente, de calidad y sobre todo transparente.

Y así se procedió. Se desmontaron con premura instituciones, agencias, departamentos, entidades autónomas y semiautónomas, secciones completas de la administración pública; no se hizo un serio diagnóstico o evaluación de estas organizaciones que venían operando desde hacía décadas. Así destruyeron habilidades y desecharon experiencias por el afán de traspasar al sector privado la provisión de servicios a través de (supuestamente) mecanismos de mercado. En Guatemala, los ministerios más afectados fueron el de Comunicaciones y Obras Públicas, y el de Agricultura. Caminos, la encargada del mantenimiento y construcción de carreteras, por ejemplo, simplemente se borró del mapa.

Pero quienes con tanto celo desmantelaron el aparato del Estado, no sabían que iban a provocar una ola de corrupción sin parangón en la historia. No tenían conciencia que cuando el Estado se encuentra capturado por las élites y no se respetan las reglas, es decir, cuando no hay vigencia del Estado de Derecho, la tercerización de las funciones del Estado lo hace vulnerable a la corrupción, al extremo de convertirlo en depredador.