El derecho a la soberanía

La soberanía no es algo simplemente dado.

En el mundo estrechamente integrado de principios del siglo XXI, los países y los Estados que aspiren a gozar de un grado relativamente alto de soberanía, se lo tienen que ganar. La soberanía política, o el hecho de poseer la máxima autoridad sobre un territorio y una población, no es algo dado, no depende solo de la voluntad y la formalidad jurídica. Los representantes del Estado y las élites dominantes pueden reclamar soberanía, gritar su derecho a tomar las decisiones estratégicas, pero son palabras vacías, si no están avaladas por el cumplimiento de condiciones fundamentales establecidas de manera tácita o explícita, por la comunidad internacional y/o sus poderes dominantes.

Un país y un Estado que no puedan garantizar el cumplimiento de la ley y no garanticen el Estado de derecho; que no tengan la capacidad de dar seguridad a sus habitantes, de proveer las condiciones para el respeto a su vida y sus bienes; en fin, un país y un Estado que no garanticen, en su contenido básico, el bienestar material de la población, por medio de un trabajo y un ingreso dignos para las familias, ese país y ese Estado, no tienen derecho a reclamar soberanía política en la administración del territorio y su población. Al fallar en cumplir con estos requisitos, ese país y ese Estado se convierten en una amenaza para la seguridad de las naciones vecinas.

La soberanía, pues, se gana, y si no se logra alcanzar por una extrema debilidad del Estado y/o por la elevada concentración del poder económico, acaece que el o los vecinos más poderosos concebirán mecanismos para intervenir en representación de sus intereses y para protegerse de las amenazas de ese país. De nada sirven arrebatos nacionalistas en una época en que la interdependencia y la globalización han ido creando poderes supranacionales que actúan cuando la viabilidad de un país es incierta.

Sucede, entonces, que la vida de un país y su Estado ya no está determinada solo por los conflictos internos, sino que hay una sobredeterminación de actores o instituciones externas que actúan sobre la dinámica de un país, y que en grados relativos, llegan a moldear su futuro. En este contexto, es patético proclamar ofensa o molestia ante la pérdida de soberanía. Son trivialidades subjetivas ante el poder avasallante del poder objetivo, material de los intereses. La Guatemala actual ilustra lo dicho, pues tal y como se encuentra, ¿es viable?