Una acción de inconstitucionalidad contra la normativa que castiga con cárcel a los funcionarios que no se presenten a las citaciones en el Congreso de la República presentará el Organismo Ejecutivo, informó Heinz Hiemann, portavoz presidencial.
El Decreto 13-2016, que reforma el Código Penal, fue aprobado por el Legislativo el 4 de marzo.
No obstante, el 9 del mismo mes, el mandatario Jimmy Morales vetó la medida, pues, según argumentó el jefe de Estado: “Contraviene los principios constitucionales”.
El 5 de abril, los parlamentarios, mediante el Decreto 16-2016, rechazaron el veto de Morales.
Ante esa medida, el Ejecutivo presentó un amparo el 14 de abril. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad denegó la solicitud el 14 del mismo mes, “por aspectos técnicos que no se tomaron en cuenta y no fue por los asuntos de fondo”, concluyó Hiemann.
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