Los casos de corrupción en la institucionalidad vienen a ser un catalizador del sistema en función de la legitimidad y gobernabilidad que en términos prácticos puedan significar.
A la luz de una nueva serie de acciones judiciales contra personas vinculadas a casos de corrupción, vale la pena llevar la discusión a las implicaciones y dinámicas del sistema político.
El sistema político es un conjunto de elementos interrelacionados que mantienen una determinada distribución de valores, y configuran las relaciones entre la comunidad política, el régimen y las autoridades, para el procesamiento de demandas.
Un aspecto que afecta la dinámica del sistema político refiere a la ausencia de la legalidad estatal y el surgimiento de legalidades mafiosas. Esto involucra que algunos elementos del régimen político –la aplicación de normas y reglas-, no son efectivos en determinados espacios, bien por ausencia material o por usos discrecionales del ordenamiento legal. Este tipo de dinámicas afectan el funcionamiento del régimen democrático, en el sentido que distancian a la comunidad del plano institucional, a la vez que sustentan formas de vinculación hacia figuras de autoridad no legítimas.
Otro aspecto refiere al clientelismo, que supone un intercambio de favores en función de intereses privados, orientados a mantener el sistema que los eligió y canalizar hacia ese sistema tantos recursos estatales como sea posible. Las prácticas clientelares afectan la dinámica del sistema político, en tanto, que se constituyen en una especie de circuitos de poder que funcionan en el interior del sistema, obteniendo control sobre las estructuras de autoridad, las instituciones públicas y recursos, lo que aumenta la fragmentación, déficit y corrupción, reflejándose en una limitada capacidad de decisión y procesamiento de demandas.
La tensión entre el plano institucional y el plano de acción paralela, radica en que este último rivaliza con los mecanismos formales del institucionalismo. Así, las implicaciones en la calidad democrática han favorecido la permanencia de determinadas figuras en las estructuras de autoridad, bajo el control de agentes privados, y en detrimento del Estado de derecho y el funcionamiento democrático.
Los casos de corrupción en la institucionalidad vienen a ser un catalizador del sistema en función de la legitimidad y gobernabilidad que en términos prácticos pueda significar la participación de los organismos de investigación y justicia, y en relación al grado de cohesión que la comunidad política proyecta a la estructura del régimen democrático.
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