Hay que vigilar los principios de justicia en las instituciones que deben hacer efectivos los valores de libertad e igualdad.
El sistema social consiste en la pluralidad de actores que interactúan entre sí en una situación determinada y cuya relación en tal situación está definida por una serie de factores compartidos: instituciones, principios, normas y preceptos que se aplican en ese marco.
Los sistemas sociales se caracterizan por el pluralismo, este refiere a la diversidad de doctrinas, capacidades humanas y su actividad dentro del trasfondo de instituciones libres y duraderas; mientras que el pluralismo razonable refiere al nivel en el que los reclamos provenientes de la diversidad de doctrinas pueden ser admitidos y respondidos por los gobiernos.
En el marco de la teoría liberal, el autor John Gray refiere a las dos caras del liberalismo en tanto la idea de justicia y del bien en una sociedad profundamente separada por posiciones políticas y doctrinas divergentes. La teoría del liberalismo político supone una concepción política de la justicia en una sociedad democrática, entre ciudadanos considerados libres e iguales. Sin embargo, si no existe una idea universal del bien, la justicia imparcial entra en conflicto ante la cantidad de reclamos que los gobiernos reciben del pluralismo político existente en la sociedad.
El liberalismo político y el pluralismo total entran en tensión en torno a la idea de una justicia imparcial cuando constantemente resulta necesario hacer concesiones a los reclamos planteados por la diversidad de actores, los cuales no necesariamente responden a ideas universalmente aceptadas o compartidas del bien.
En un contexto en el que la discusión sobre reformas constitucionales parece tomar más seriedad, es imperativo ser vigilantes de los principios de justicia que sirvan de guía acerca del modo en que las instituciones básicas deben hacer efectivos los valores de la libertad y de la igualdad, y que deberían sustentar un nuevo contrato social; contemplando la concepción del ciudadano desde la pluralidad de actores que integran la sociedad, así como de los principios más apropiados a la idea de ciudadanos democráticos considerados como libres e iguales.
El principal reto de rediseñar el sistema es transcender el carácter puramente legalista de dictar un nuevo texto constitucional sin cambios fundamentales, que responda únicamente a incorporar ciertos reclamos sin afectar las estructuras socioeconómicas y de vinculación política, en tanto que de estas transformaciones depende la integridad de la justicia imparcial después del contrato.
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