Pese a estar recluidos, los presos son una amenaza permanente para la sociedad.
Cualquiera pensaría que con poner tras las rejas a quien comete un crimen o un delito, el caso se ha zanjado; sin embargo, en nuestro país es usual que se incrementen los riesgos para la gente.
Uno de esos momentos se suscita cuando reos de alta peligrosidad son conducidos por elementos del sistema penitenciario hacia nosocomios o diligencias judiciales.
Los acontecimientos del miércoles de la semana pasada en el Hospital Roosevelt ocupan, por ahora, el primer lugar en cuanto a daños colaterales derivados de ese movimiento de privados de libertad.
De acuerdo con registros oficiales, diariamente por orden de juez son llevados y traídos unos 40 reclusos, para cuyo resguardo en promedio se destinan 200 efectivos de las fuerzas de
seguridad. El golpe mortal sufrido hace 8 días por víctimas inocentes y sus familias, una vez más ha levantado el debate respecto de qué hacer con quienes guardan prisión preventiva o ya están condenados.
Invariablemente, las voces ciudadanas se pronuncian por imponer la ley, cada una con el tono de sus creencias, imaginación, intereses o motivaciones.
Por ello, es importante reflexionar sobre qué pasa con la ley. Así, viene a mi memoria una película con dirección y guion de Christian Jaque titulada “La ley es la ley”. La trama expone a un estricto vigilante de la aduana y un contrabandista que residen en una población entre Francia e Italia. Hay un toma y daca continuo y el evasor busca eliminar el férreo control de su rival basándose en que como habría nacido del lado italiano, la ley no le permite trabajar para el gobierno francés.
Saco a colación esta comedia, a pesar de la seriedad que conlleva el imperio de la ley, porque como reza un proverbio alemán: “No hay ley sin agujero para quien sabe encontrarlo”.
Oportuna resulta también la expresión del poeta polaco Stanislaw Jerzy Lec: “todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla”, la cual cuestiona la frase: Dura lex, sed lex.
Mi punto es que al evaluar las responsabilidades en distintas esferas del Estado, las miradas deben ir con mayor rigor hacia quienes administran la justicia, pues, como lo aseguró el ex ministro de Gobernación Carlos Menocal durante una entrevista radiofónica, en no pocas ocasiones prevalece una estela de corrupción detrás de las resoluciones judiciales que autorizan y ordenan los traslados.
Y a propósito de leyes, el Congreso discute una iniciativa que persigue instaurar que los internos reparen carreteras. ¿Cuántos policías se necesitarían para cuidarlos? y ¿qué peligros habría en esos tramos frente a una liberación a sangre y fuego que intentaran cómplices de los maleantes?
Vemos entonces que corregir los permisos y sus efectos no es tan complicado si partimos de que autoridades médicas han señalado que un alto porcentaje de las salidas de detenidos no procederían porque son por males menores, de manera que quien las pide ni debería plantear la solicitud y el que da el visto bueno no debería avalarla. ¿Quién con una luz se pierde?
