Casi la mitad de la inversión pública la hacen las comunas.
Habilidades técnicas, persecución penal y acción judicial especializada tendrán más presencia en la provincia, lo que se espera redunde en el corto plazo en una mejora sustancial del desempeño de los gobiernos locales, en función del avance del país desde lo local, a mediano y largo plazo, como lo plantea el modelo de desarrollo establecido en nuestra legislación.
La semana antepasada fue presentado el Diplomado en Gestión Pública Municipal y Transparencia, que llevará a las comunas formación en instrumentos de gestión territorial, planificación y administración financiera, gestión de políticas públicas, transparencia y gobierno abierto.
Asimismo, se espera que pronto entre en operaciones la sede en territorio quetzalteco de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, cuyos personeros han anunciado que uno de sus ámbitos de acción será la investigación de ilícitos en las sedes ediles.
En relación con lo anterior, para el segundo semestre de 2016, el Organismo Judicial tiene previsto inaugurar un nuevo juzgado de extinción de dominio en San Marcos, con el objetivo de fortalecer el combate al narcotráfico y el lavado de dinero.
La capacitación a las administraciones ediles y a la sociedad civil organizada ha sido un tema subestimado, y por lo tanto desatendido durante los últimos años.
Antes de 2010, con apoyo de la Unión Europea se ejecutaron dos grandes proyectos sobre estos aspectos con resultados limitados respecto de los esperados.
Para mejorar los impactos de las iniciativas en este sentido, convendría recuperar la Política y el Plan Nacional de Fortalecimiento Municipal presentados en 2013, principalmente en su enfoque de interinstitucionalidad a fin de que no dependan únicamente del impulso y financiamiento externo y se articule efectivamente el quehacer de los diferentes niveles de gobierno.
Es importante recordar que aunque la mayor parte del Presupuesto General de la Nación se ejecuta en la administración central, casi la mitad de la inversión pública la hacen las comunas, por lo que deben mejorar su rendición de cuentas y ser fiscalizadas. Además, se tiene que comenzar a perseguir penalmente a quienes por muchos años han construido verdaderas redes de crimen organizado en el entorno departamental y munícipe.
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