La entrada en vigencia del Decreto 36-2016, Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), puede significar un incremento de 4 puntos porcentuales en la carga tributaria para los siguientes 3 años, dijo Francisco Solórzano Foppa, titular del ente recaudador.
El funcionario, quien presentó su plan de trabajo ante agremiados de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, dijo que cada punto representa Q3 mil 500 millones y que los ingresos provendrían de casos por defraudación, evasión y contrabando, así como por medidas administrativas.
El año pasado, la carga tributaria cerró en 9.6 por ciento respecto del Producto Interno Bruto (PIB), destacó el jefe del fisco.
Avance
“La regulación del acceso a cuentas bancarias con fines tributarios, incluida dentro de las reformas a la SAT, es un paso importante para el fortalecimiento de la capacidad fiscal”, expresó Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas.
En tanto, la Misión del Fondo Monetario Internacional, que visitó el país a finales de mayo, consideró que, a largo plazo, sería fundamental elevar los ingresos fiscales al 15 por ciento del PIB, con el fin de financiar un mayor gasto social en infraestructura y para respaldar esfuerzos enfocados en reducir la delincuencia y la corrupción.
Causas
De acuerdo con Édgar Pape, exviceministro de Finanzas, Guatemala no ha podido llegar a la meta del 12 por ciento de la carga tributaria, que debería superar holgadamente dada su economía, por la imposición directa fracturada, la base tributaria estrecha y la alta evasión y elusión fiscal.
En ese sentido, Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, manifestó que al año, el erario nacional deja de percibir no menos de Q6 mil millones por el comercio ilegal de productos, y que la proyección para 2016 es que la evasión fiscal y el contrabando alcance los Q16 mil millones.
En cuanto a los proyectos que implementará el ente recaudador destaca la creación de la Gerencia de Investigación Fiscal, la cual forma parte del reacomodo administrativo, que implica pasar de 24 unidades a 19.
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