El Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado, mediante el cual solicitó que sean garantizados los derechos constitucionales de presunción de inocencia y legítima defensa para los señalados en el caso Cooptación del Estado, que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) develaron ayer. Al mismo tiempo, reiteró su compromiso con la lucha en contra de la corrupción.
En la investigación están involucrados el expresidente Otto Pérez Molina y la vicemandataria, Roxana Baldetti, quienes de acuerdo con los dos entes pesquisidores eran los supuestos líderes de una macroestructura criminal de lavado de dinero, que durante 2007 y 2015 habría generado millonarias ganancias ilícitas .
Iván Velásquez, jefe de la CICIG indicó que se determinó que existían tres modalidades de lavado de dinero, una en donde participaron los canales de televisión abierta; en la segunda, dos empresas constructoras; y en la tercera, una simulación del reporte de dinero al Tribunal Supremo Electoral.
En el mismo escándalo de corrupción aparecen dos altos ejecutivos de dos bancos del sistema. El ente investigador relacionó a Flavio Montenegro, gerente general del Banco G&T Continental con financiación a partidos políticos, mientras que a Fernando Peña, gerente de Banrural con lavado de activos.
Debido a lo anterior, el Banco G&T Continental publicó un campo pagado, en donde asegura que cumple con las leyes de Guatemala, respalda a Montenegro y asegura que el señalado aclarará su situación en las instancias correspondientes.
Por su lado, el Consejo de Administración de Banrural indicó que mantienen una política de puertas abiertas con el sistema judicial y que tomaron medidas administrativas para facilitar a los funcionarios sindicados el proceso para que puedan aclarar su situación personal ante las autoridades.
Finalmente, el CACIF acotó que el proceso judicial se debe dar con estricto apego al Estado de Derecho, de manera que, con total objetividad e independencia, los juzgados conozcan los medios de prueba y, al valorarlos, tomen sus decisiones de acuerdo con derecho.
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