José González Campo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) solicitó ayer al Gobierno reglamentar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre consultas comunitarias, para no atentar contra la certeza jurídica que requieren los inversionistas.
El Centro de Acción Legal Ambiental y Social manifestó que solicitó a la Corte de Constitucionalidad que se le otorgara un amparo provisional, el cual le fue concedido por el ente colegiado, para suspender de manera temporal las operaciones del proyecto minero Progreso VII Derivada. B. Jiguan
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