Debido a que las legislaciones minera y ambiental no establecen normativas adecuadas para el proceso de rehabilitación y cierre de empresas extractivas, el Instituto Centroamericano de Estudios (Icefi) recomendó a las autoridades reformar la Ley de Minerías.
“Ante las debilidades del marco legal, el Estado corre el riesgo de sufragar entre 2023 y 2038 con recursos públicos, el costo de reclamación por mina, el cual oscila entre el 0.02 y 0.21 por ciento del Producto Interno Bruto”, manifestó Lourdes Molina, investigadora de Icefi.
Al respecto, Alfredo Gálvez, director ejecutivo de la Gremial de Industrias Extractivas, dijo que pese a que esta fase no está regulada, las empresas sí la contemplan en el plan de gestión ambiental que entregan al Ministerio de Ambiente
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