La primera acción que pretende realizar el Ministerio de Finanzas para restituir la confianza del público después de haber sido destapado un nuevo caso de corrupción, en el que están involucrados dos exintendentes y representantes de Aceros de Guatemala, es llevar a cabo un proceso de depuración del personal, con especial atención en el área de aduanas.
De acuerdo con Julio Héctor Estrada, titular de la cartera del Tesoro, este proceso forma parte de cinco ejes prioritarios que se impulsarán en 2016, con el fin de rescatar al ente recaudador.
Entre los ejes destaca la implementación de medidas que transparenten la gestión tributaria, retomar el control en aduanas, puertos y aeropuertos y la reforma a la Ley Orgánica de la SAT.
En ese sentido, Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, urgió al renovado Directorio a tomar acciones rápidas y concretas para recuperar la confianza de los contribuyentes, eliminar las discrecionalidades para agilizar los procesos y retomar el proceso para designar al Superintendente de Administración Tributaria.
Desafíos
“Quizás el principal desafío para conseguir una mayor recaudación de recursos sea convocar a un pacto fiscal, lo cual conlleva a analizar críticamente todos los impuestos para ver si se tienen fallas y reducir la evasión tributaria tanto en el Impuesto Sobre la Renta como Impuesto al Valor Agregado”, manifestó Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
Según Maynor Cabrera, economista de la Fundación Economía para el Desarrollo, otro de los aspectos que deben ser subsanados son reforzar la autonomía del fisco para aislarla de influencias políticas, dotarla de un líder proactivo porque ha estado acéfala durante un año e implementar un plan de carrera institucional.
Por su lado, Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, indicó que la reestructuración de la SAT será el tema más importante que se discutirá este año y que en aspectos coyunturales será el de financiar el gasto público debido a la falta de recursos que tiene el Gobierno para operar.
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