No se vale restarle recursos a actividades como educación y salud para destinarlas a mantener a esta bola de delincuentes.
En recientes declaraciones el vocero del Sistema Penitenciario declaró que en Guatemala el Estado invierte Q1.11 diariamente en cada niño que asiste a la escuela. En tanto, gasta Q42 diarios por cada privado de libertad que se encuentra en las cárceles del país.
Estos números, que sin duda han sido tomados del informe del Instituto Nacional de Estadística, ponen los pelos de punta, dado que refleja el estado de indefensión que la niñez y la juventud tiene respecto de su futuro, y por supuesto, revela un panorama nada halagador para los años venideros. Como Nación estamos más preocupados por mantener a un sector de la sociedad que, sin pruebas o no, ha sido sometido a la justicia y guarda prisión en las cárceles.
Con una inversión que cuadruplica la cantidad de dinero que se invierte en cada preso, se dejan de atender necesidades básicas en educación de aquella población que representa el futuro del país. Para nadie es un secreto que muchos reclusos que han sido reincidentes en sus fechorías prefieren permanecer encerrados y comer los 3 tiempos, sin que para ello tengan que hacer el menor esfuerzo por realizar un trabajo. “Cuídame el puesto que ya regreso”, suele ser la frase de estos delincuentes.
Es claro que existen presos cuyo delito merecería una pena conmutable y permanecer con arresto domiciliario, en tanto se resuelve su situación jurídica; en cuyo caso, estar privados de libertad no es totalmente su responsabilidad. Sin embargo, quizá sea un número menor de casos. El resto es una masa de delincuentes entre los que destacan mareros, secuestradores, narcotraficantes, extorsionistas y demás personas de baja calaña.
Es urgente modificar la ley del Sistema Penitenciario y la metodología de atención a la población reclusa. En otros países, como Estados Unidos, algunas cárceles son privadas y los prisioneros o sus familiares deben asumir sus propios gastos. Tener que pagar por estar preso significaría un potencial disuasivo para quienes tienen la costumbre de hacer de las prisiones su hotel de vacaciones, con gastos pagados y sin desempeñar ninguna labor para cubrir sus necesidades.
No se vale restarle recursos a actividades como educación y salud para destinarlas a mantener a esa bola de delincuentes; esto equivale a aceptar una extorsión colectiva cuando nos tronamos los dedos por tener recursos económicos para garantizar su manutención. Que se ganen su propia comida, que cultiven y cocinen sus propios alimentos y no nos vean como sus proveedores ingenuos.
Se ha llegado al extremo de amotinamientos para exigir mejor calidad de la comida. Cada año se licitan los contratos de elaboración de alimentos para la población reclusa y, créalo usted o no, se presentan ofertas con menús variados como si se tratara de un banquete a deportistas que vuelven de poner en alto el nombre del país. Que cada “platillo” debe tener una cantidad balanceada de carbohidratos, grasas, proteínas, minerales porque si no se pueden enfermar los huéspedes, qué tal.
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