Los pactos colectivos

Sin pelos en la lengua y ambages, el diputado Mario Taracena divulgó los salarios con nombre y apellido.

Ha causado mucho revuelo en el ámbito político y laboral, el tema de los pactos colectivos celebrados entre la clase trabajadora y algunos organismos del estado. Todo comenzó con la amenaza consumada por el actual presidente del Congreso respecto a publicar los salarios de los trabajadores de ese organismo. Sin pelos en la lengua y sin ambages, el diputado Mario Taracena divulgó los salarios con nombres y apellidos, a tal punto que puso en aprietos a los dirigentes sindicales respecto a la explicación de estos altos emolumentos.

El caso del Congreso fue la puerta de salida para conocer otros en los cuales se han detectado pactos que contradicen la lógica laboral entre los empleados del Estado, quienes, constitucionalmente, tienen derecho a ser tratados en igualdad de condiciones; en otras palabras, igual trabajo, igual salario. No se concibe que un trabajador con funciones de limpieza devengue un sobresueldo diferente a un trabajador de otra institución del estado. La igualdad ante la ley ha sido violada, mancillada en sus principios fundamentales.

Ante esto la Procuraduría General de la Nación está en proceso de declarar la lesividad de estos pactos, deduciendo responsabilidades a las partes que consintieron tales abusos, la parte patronal y la parte trabajadora en la figura de sus dirigentes. Hasta ahora no se sabe cuáles serán las penas que deberían pagar quienes resulten responsables, dado que no es solo el acto de los pactos en sí mismos, sino que fueron obviados varios pasos legales que debieron agotarse antes de concretar estas acciones.

Reconocemos ampliamente el derecho que asiste a la clase trabajadora, de luchar por la reivindicación de sus conquistas laborales, sobre todo en un país donde quienes venden su fuerza laboral han sido siempre “ninguneados”. Lo que no compartimos es que se caiga en una política de piñatización de los recursos públicos porque estos pertenecen a todos los guatemaltecos, sobre todo, aquellos que pagamos nuestros impuestos.

Ve, qué de a sombrero, que mientras un pobre trabajador de maquila, que también paga impuestos, devenga el salario mínimo y a veces ni este, un favorecido con el pacto colectivo que desarrolle labores de limpieza se embolse hasta Q18 mil mensuales. Más parece una verdadera aberración de las conquistas laborales y no una legítima defensa de los derechos de los trabajadores. Es urgente un proceso de reconversión ética de algunos dirigentes, no cabe duda.

Bien hizo el presidente del Congreso en destapar este entuerto, pues abrió la caja de Pandora para que salieran a luz otros casos que se habían mantenido en relativo secreto, en donde ha predominado una visión mercantilista de la dirigencia laboral, y no una auténtica lucha por la dignificación de la clase trabajadora. Pervertir a un trabajador por el salario desmedido es también un acto de corrupción.