Con 5 mil dispositivos en su primera fase, el próximo año empezaría a funcionar el Sistema de Control Telemático, que permitiría a quienes estén involucradas en procesos penales ser beneficiadas con arresto domiciliar, mediante la colocación de brazaletes o tobilleras electrónicas para el monitoreo de su actividad.
Así lo dio a conocer el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, en reunión con los jefes de bloque del Congreso.
Durante la junta se informó que está en proceso la elaboración del proyecto, que permitiría elevar el concurso respectivo al portal del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
De acuerdo con el funcionario, el próximo mes se publicarían las bases de licitación, con lo cual se iniciaría el proceso para la recepción de ofertas y adjudicación de la tecnología necesaria para la puesta en marcha del mecanismo.
Según lo previsto, esto permitiría que el modelo se implantara en febrero y estuviera totalmente en funcionamiento dos meses después.
Solicita apoyo
Para agilizar el procedimiento, Degenhart solicitó a los legisladores avalar la adquisición de los insumos mediante el método de compra directa, lo cual ayudaría a reducir los tiempos hasta en cuatro meses. Para el efecto, el Parlamento tendría que aprobar un decreto.
“Esperamos contar con el apoyo de los diputados para acortar los plazos, y correr la fecha de inicio del proyecto, de abril 2019 a diciembre de este año”, manifestó el ministro.
Tal petición podría ser acogida mediante la creación de una iniciativa de ley, por alguna bancada o congresista en lo individual, pues varios de los presentes expresaron la importancia de que el sistema entre en funcionamiento lo más pronto posible. En opinión de distintos parlamentarios, la medida contribuiría al deshacinamiento de las cárceles, entre otros aspectos relacionados con el respeto a los derechos humanos de quienes guardan prisión preventiva.
Sin embargo, este no sería el único beneficio, pues los dispositivos electrónicos también se utilizarían para monitorear a quienes tienen vigente una orden de restricción por violencia intrafamiliar.
