La Procuraduría General de la Nación hará un estudio jurídico para determinar la viabilidad de intervenir el Transurbano. Anabella Morfín, titular de la entidad, indicó que el análisis estaría a cargo de un equipo técnico, el cual tendría que tomar en cuenta diversos aspectos para definir si existe una ruta legal para concretar tal acción.
“Se necesitarán dictámenes técnicos que le den sustento a la propuesta que vaya a plantearse”, expresó la procuradora, y añadió que se recopilará toda la información disponible en este tema, con el fin de encontrar la mejor solución.
La evaluación en este asunto fue solicitada hace una semana por el diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, del Congreso.
Para Édgar Guerra, titular de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la evaluación de las posibilidades para evitar el colapso del Transurbano es trascendental. • Karla Gutiérrez