A partir del próximo año, no menos de 2.4 millones de estudiantes de primaria y preprimaria de todo el país gozarán de una mejor refacción, pues con la aprobación de la Ley de Alimentación Escolar se incrementarán los recursos para ese rubro.
Actualmente, el Estado invierte Q1.11 diarios por cada niño que cursa dichos niveles, pero esto subirá a Q3 en 2018 y a Q4 en 2019, con el fin de propiciar mejores condiciones para los pequeños.
Desde el comienzo del gobierno del presidente Jimmy Morales el tema ha sido privilegiado, y ha quedado en evidencia con la asignación puntual de los fondos, lo cual ha permitido garantizar que los alumnos reciban el beneficio durante los 180 días de clases.
Los beneficios
Con el aumento se busca asegurar no solo la cobertura durante todo el ciclo escolar, “sino ampliar la calidad de los alimentos para los infantes, quienes podrían, inclusive, recibir un tiempo de comida formal”, manifestó el diputado Víctor Estrada, representante de El Progreso y promotor de la iniciativa que dio vida a la ley.
La norma también establece que los alimentos deben cumplir estándares nutricionales y prepararse con pertinencia cultural, social, étnica y biológica, lo cual implica que la comida variaría según cada lugar.
Para el parlamentario, la adecuada administración del dinero tendrá que ser una prioridad para las Organizaciones de Padres de Familia y deberá ser fiscalizada por la comunidad educativa, para evitar focos de corrupción.
Economía local
Con la entrada en vigencia de la legislación, recién aprobada, se fortalecería, además, la economía local, pues quedó establecido que el 50 por ciento de los fondos destinados a la alimentación escolar deben usarse para la compra de insumos en la comunidad a la cual pertenece el establecimiento favorecido.
“Este tema tiene gran importancia, pues propiciaría la formalidad de los proveedores, ya que tendrían que emitir facturas”, dijo Jairo Flores, titular del Frente Parlamentario contra el Hambre, quien desde que asumió el cargo se sumó a los esfuerzos por lograr la aprobación de la ley.
Mejoraría programa
Para garantizar que los recursos financieros destinados a la refacción de los estudiantes no queden estancados, en el artículo 31 de la Ley de Alimentación Escolar se establece que el monto considerado por alumno deberá revisarse cada 2 años. Esta tarea estaría a cargo de una comisión interinstitucional creada para el efecto, la cual tendría que analizar, entre otros aspectos, el precio de los insumos, incluyendo la devaluación e inflación, lo cual propiciaría un incremento en la asignación, de considerarse necesario.
