Concretar alianzas estratégicas que permitan ejecutar proyectos productivos y activar la economía en las comunidades, es uno de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Rural 2016-2020 que el Gobierno presentará oficialmente durante la segunda semana de este mes.
Miguel Ángel Moir, titular de la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia, indicó que con la creación de esta herramienta se pretende establecer la temporalidad y la vinculación presupuestaria de las acciones necesarias para mejorar las condiciones de vida en esas regiones.
“Esto requeriría del fortalecimiento al apoyo de las micro y pequeñas empresas, los encadenamientos y el fomento del ecoturismo, entre otros aspectos, lo cual estaría a cargo del Ministerio de Economía y del Instituto Guatemalteco de Turismo”, manifestó el funcionario.
Trabajo conjunto
El presidente Jimmy Morales resaltó que la intención del proyecto es que las medidas incluyan la integración de esfuerzos entre el sector oficial, el empresariado y la cooperación internacional, con el propósito de que los programas tengan un verdadero impacto en los índices de desarrollo.
“Creemos que aunando esfuerzos podremos ampliar la promoción y la comercialización de los productos de Guatemala”, dijo el mandatario, y añadió que entre las previsiones figura el mejoramiento de los caminos rurales, la construcción de puentes y la facilitación del acceso al servicio eléctrico, así como la ejecución de planes de saneamiento y tratamiento de agua.
A ese respecto, José González Campo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), indicó que para el sector privado es de importancia abordar este tema de forma integral, pues el desarrollo no tiene que depender únicamente de la parte agrícola, sino que debe en-globar nuevas formas de hacer negocios en lo industrial y comercial.
En opinión del gobernante, estos aspectos serían alicientes para generar inversión en las comunidades y contribuirían a combatir la pobreza y pobreza extrema.
Hasta ahora, la Agenda es una propuesta que será analizada por el jefe de Estado, quien luego de hacer sus consideraciones al respecto dará el visto bueno para su puesta en marcha.
Los desafíos
La iniciativa que impulsa el Ejecutivo se implementará bajo la tutela de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral aprobada en 2009, con la finalidad de lograr un avance progresivo y permanente en la calidad de vida de los habitantes, a través del acceso equitativo y uso sostenible de los recursos productivos.
En ese sentido, el principal desafío que afrontan las autoridades, es reducir la pobreza, que pasó de 51.2 por ciento en 2006 a 59.3 en 2014, afectando a casi 4 de cada 5 personas y con una incidencia en el área rural de 76.1 por ciento, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014.
El segundo reto es reducir la desnutrición crónica, la cual afecta al 37.6 por ciento de los niños entre 6 y 9 años, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
En esta lista se incluye elevar la inversión pública al 7.4 por ciento anual, acelerar el crecimiento al 5.1, subir la carga tributaria al 13.1 con relación al Producto Interno Bruto (PIB) y mejorar la educación y salud, dijo Rubén Morales, titular del Ministerio de Economía (Mineco).
Respecto de este último aspecto, el Banco Mundial indicó que si el país crece al 5 por ciento anual y ese dinamismo no viene a expensas de los menos favorecidos, en 2 años la tasa de incidencia de la pobreza se reduciría en un 1 punto porcentual, lo que permitiría que 160 mil personas salieran de esa condición.
Las estrategias
Mario Méndez, encargado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), indicó que para lograr un cambio el proyecto incluye acciones para reforzar la seguridad alimentaria y nutricional, así como para impulsar el desarrollo social por medio de programas de agricultura familiar, las cuales tendrían que ejecutarse en el período de 2016 a 2020.
Para Amador Carballido, director de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, apostarle al fortalecimiento de los encadenamientos productivos y las cadenas de valor ayudaría a enlazar a grupos de productores a mercados de exportación, con lo cual también se promovería el desarrollo productivo sostenible, la seguridad alimentaria y mejorarían los ingresos de los pobladores.
Por su lado, Acisclo Valladares, comisionado presidencial para la Competitividad e Inversión, manifestó que el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte viene a sumarse a las iniciativas que buscan reducir la migración y pobreza en 51 municipios, mediante el desarrollo de capital humano y la generación de empleo.
En tanto, Rubén Morales explicó que la Política Económica prioriza la dinamización de 9 ciudades, en donde se pretende ejecutar el Plan de Inversión en Infraestructura para la Urbanización.
Reformas
Sumado a estos esfuerzos, Anna Ivanova, jefa de la Misión para Guatemala del Fondo Monetario Internacional, recomendó al Gobierno en agosto, cuando presentó las conclusiones de la Consulta del Artículo IV realizar reformas estructurales que apuntalen el crecimiento para hacerlo más inclusivo, aumenten el tamaño y eficiencia de los programas de asistencia social, así como el gasto público en educación, infraestructura y seguridad.
Iniciativa sin avances
Tras 6 años de haber sido conocida por el pleno del Congreso, la iniciativa 4084, Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral, que busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas y las poblaciones rurales, reconociendo su participación en la administración de los territorios que habitan y de los recursos naturales, continúa sin ser aprobada por los diputados.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala manifestó que la importancia de la aprobación del proyecto radica en que en el país el 60 por ciento de la población rural depende de actividades agropecuarias para su subsistencia.
Debido a lo anterior, urgió al Legislativo poner en agenda para su discusión y aprobación la propuesta que recibió dictamen favorable el 26 de junio de este año por parte de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
“Es importante tener una ley de desarrollo rural que esté dirigida a resolver los problemas de las poblaciones. Sin embargo, en las audiencias que hemos tenido con comisiones dentro del Congreso les manifestamos que el crecimiento debe ser inclusivo y que no solo deben venir del agro, sino que de la industria y el comercio”, manifestó José González Campo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.
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