Por considerar que los individuos que hayan cometido secuestro, violación o asesinato no deberían ser beneficiados con reducción de penas, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, sugirió a los diputados analizar a profundidad la iniciativa de ley de aceptación de cargos, promovida por Oliverio García Rodas.
“La medida es importante y positiva, pues ayudaría a descongestionar las cárceles y a acelerar los procesos judiciales, pero no debería aplicarse a quienes incurran en delitos graves”, dijo el funcionario.
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, coincidió con esas declaraciones e indicó que los actos ilícitos que atentan contra la dignidad de las personas deben castigarse de forma severa.
El proyecto, que fue presentado ante el pleno y aprobado en su primer debate el 9 de este mes, establece una reducción de hasta el 50 por ciento de la condena para quienes admitan su culpabilidad en la comisión de un delito, sin importar la gravedad.
Además, estipula que los favorecidos estarían obligados a colaborar en las investigaciones, en caso de que hubiera otros involucrados en el hecho, así como a resarcir a los agraviados por sus acciones.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público apoyan la iniciativa, mientras que distintas bancadas expresaron su intención de modificarla para no beneficiar a quienes han causado daños irreparables.
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